La Fiscalía hondureña mantiene bajo su lupa a tres altos funcionarios de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi) que habrían recibido una millonaria coima por vender irregularmente el complejo turístico Palm Beach, en Roatán, Islas de la Bahía.
Así lo revela una línea de investigación que tiene abierta la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-Adpol), que asegura que los funcionarios implicados en la venta recibieron alrededor de 15 millones de lempiras por vender sin obstáculos y sin dilación el lujoso complejo por más de 36.5 millones de lempiras.
Un fiscal -que prefirió permanecer en el anonimato- declaró que por la compra del complejo, el señor Danny Ward McNab desembolsó más de dos millones de dólares (al menos 50 millones de lempiras), y no 36.5 millones de lempiras como señalan los documentos oficiales de la transacción.
“Los investigados recibieron, más o menos, 14.9 millones de lempiras en efectivo por la venta. Tenemos todos los documentos”, reveló el fiscal.
Por la venta irregular de la propiedad en la isla de Roatán y por el cobro de coimas, son investigados Hugo Suazo, presidente de la Junta Interventora de la Oabi, José Rómulo Mejía, secretario general de la institución y el asesor legal Carlos Argueta.
- Documentos oficiales de la Oabi señalan que la propiedad está embargada desde el 21 de marzo de 2022, ordenado por el Juzgado de Letras Departamental de Islas de la Bahía. No obstante, fue el 19 julio pasado que la Oabi procedió con la venta directa del complejo, pero al entrar en una serie de controversias en la Comisión Interventora, y al enterarse que la determinación era ilegal, la venta supuestamente fue anulada.
- La indagación por la venta irregular del complejo ha avanzado. Los fiscales no descartan acusar a los implicados.
- 14.9 millones habrían recibido por concepto de coimas tres altos funcionarios de la Oabi, según investigación fiscal.
Para arribar a los detalles del pago de coimas fue clave el interrogatorio realizado por los fiscales especiales a los integrantes de la junta interventora de la Oabi: Roger Mendoza y Rigoberto Portillo Mejía, quienes se opusieron a la venta del complejo y evidenciaron que la misma se hizo a sus espaldas.
La resolución de la junta interventora de la Oabi, número 0092-07-2023, de fecha 18 de julio de 2023, firmada por el interventor Hugo Suazo, hace oficial la venta. Pero, Suazo aseguró que la venta había sido anulada “porque no se había notificado a un primer oferente, otra de las razones es porque pesa un embargo y una hipoteca, posteriormente, llegando a consenso con los comisionados, se va a someter a la venta o no”.
“La venta se estaba haciendo en legalidad, pero para mayor transparencia hablé con los comisionados y les dije vamos a anular eso”, dijo el interventor.
El memorándum OABI-UV-102-08-2023, de la Unidad de Ventas de esa entidad, ratifica que la venta de la propiedad no ha sido anulada y que los recursos permanecían en las cuentas bancarias de la Oficina Administradora de Bienes Incautados.
