Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó este sábado la medida de sobreseimiento provisional al excomisionado de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Gabriel Alfredo Rubí y otras tres personas por la sobrevaloración de percoladoras.
El exfuncionario es acusado por la comisión de los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios.
Los otros imputados que comparecieron en audiencia inicial son Junior Alexander Benítez, Patricia Paz y Pedro Antonio Núñez y acusados de fraude a título de cooperador necesario.
Los imputados eran acusados de sobrevaloración de artículos electrodomésticos como ser percoladoras por un monto de cinco millones de lempiras aproximadamente.
Cabe mencionar que, la medida fue otorgada por la falta de acreditar el mínimo indicio racional de participación de los encausados en los hechos que se le atribuyen.
Bárbara Castillo, vocera de los juzgados capitalinos, mencionó que el ente del estado tiene cinco años para incorporar nuevos elementos o los ya descritos en el expediente y celebrar una audiencia de persecución.
Antecedentes
Según el informe del MP, Copeco fue autorizado por el decreto ejecutivo PCM 005-2020 para gestionar recursos durante la pandemia, pero en lugar de adquirir suministros esenciales, compraron productos innecesarios como lavadoras, secadoras, televisores y camas, todos con precios inflados.
Estos artículos no contribuyeron a enfrentar la crisis sanitaria que dejó cientos de víctimas.
Además, otros implicados en este caso, acusados de usurpación de funciones y fraude, incluyen a Odalis Jazmín Martínez Maldonado, Junior Alexander Benítez González, Pedro Antonio Núñez, y Mireya Patricia Paz Barahona.
Las investigaciones revelaron que algunos de estos individuos se hacían pasar por funcionarios de Copeco para facilitar negociaciones falsas con una empresa distribuidora de productos, aparentando transacciones legítimas.
Según el informe, los acusados utilizaban empresas de fachada para facturar las compras, inicialmente por un monto de siete millones de lempiras. Posteriormente, estas empresas, en complicidad con Copeco, inflaron los precios de los productos hasta alcanzar los 12 millones de lempiras, generando una diferencia de más de cinco millones entre el costo real y el monto final pagado.
