La última encuesta CID-Gallup, realizada entre el 27 de septiembre y el 4 de octubre, señala que para el 53% de los hondureños el gobierno liberal de Manuel Zelaya es el más corrupto al compararlo con los anteriores.
Además, 34% de los encuestados opinó que es igual de corrupto y solamente 11% cree que es menos corrupto.
Esta opinión negativa se suma al -11% de opinión sobre el desempeño de Zelaya como Presidente y al dramático 57% que asegura que él 'nunca o casi nunca hace lo que es bueno para el país', porcentajes que colocan a esta administración con bajos índices de aceptación y un alto nivel de resentimiento.
El señalamiento de tener el gobierno más corrupto, Mel Zelaya se lo ha ganado a pulso. En estos momento hay seis casos de corrupción o abuso de autoridad contra ex funcionarios de su administración que siguen proceso en el Ministerio Público.
Estos casos incluyen la condonación de deuda a la droguería Hilca por el ex secretario de Salud, Orison Velásquez; tenencia ilegal de armas del ex gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, Hondutel, Marcelo Chimirri; abandono ilegal de avioneta en aeropuerto Toncontín, que fue subastada después; entrada ilegal de ciudadanos cubanos al país; uso de fondos de Hondutel por parte de Marcelo Chimirri para defender a abogados acusados de espionaje telefónico y otorgamiento ilegal de licencias a pilotos extranjeros por el todavía director de Aeronáutica Civil, Guillermo Seamman.
Medicamentos
La Fiscalía requirió a Orison Velásquez por la compra directa de medicamentos y la contratación de personal temporal o permanente innecesario sin poseer presupuesto para realizarlo.
El ex ministro celebró un acuerdo administrativo entre la Secretaría de Salud y el Laboratorio y Droguería Hilca SA ante la presencia del abogado y notario público Jesús Adolfo Cantarero.
Exactamente el 27 de febrero de 2006, Orison Velásquez notificó que la droguería tenía pendiente de reponer a Salud 776 frascos del fármaco Asparagina, adquirido mediante compra directa. No obstante, la Secretaría y la droguería llegaron a un acuerdo: el medicamento que quedó pendiente sería sustituido por 580 frascos de Tetracaína.
Casi inmediatamente, el doctor Velásquez extendió una carta en la que hizo constar que la droguería estaba solvente respecto a la entrega de medicamentos con el objetivo de que la farmacéutica participara en la compra de medicamentos de emergencia que se realizaría meses después.
Según la denuncia, Velásquez condonó la deuda a la droguería. La Fiscalía judicializó el caso hace unos meses ante el Juzgado de Letras de lo Penal, por lo que el fiscal Henry Salgado aseguró que la acusación está sustentada para obtener una sentencia condenatoria. Según la Fiscalía, la deuda de la droguería ascendía a más de 800 mil lempiras.
A Orison Velásquez se le dictó auto de prisión con medidas cautelares, que lo obligan a presentarte al Juzgado cada 15 días para estampar su huella.
Abuso de autoridad
Otro funcionario investigado en por el Ministerio Público es el ex gerente de Hondutel, Marcelo Chimirri, por tenencia ilegal de armas, tráfico gris, espionaje telefónico y abuso de autoridad.
Por el caso de tenencia ilegal de armas, el Juzgado le otorgó sobreseimiento definitivo; sin embargo, la Corte de Apelaciones lo revocó y la jueza volvió a dárselo. La jurista manifestó que dejó en libertad a Chimirri porque la escena se contaminó.
De nuevo Chimirri fue requerido por la Fiscalía contra el Crimen Organizado por 12 delitos de abuso de autoridad, violación y revelación de secretos políticos.
El caso tuvo su origen en la denuncia del presidente Manuel Zelaya tras hacerse públicas varias llamadas telefónicas entre él y funcionarios. En el proceso de investigación salió el nombre de Chimirri. La Fiscalía, después de un proceso exhaustivo, judicializó el caso acusandolo por abuso de autoridad y espionaje telefónico.
Información fehaciente de los Juzgados reveló que la audiencia se ha dilatado porque los peritos están revisando las evidencias y la documentación.
De la misma manera se informó que Chimirri tiene sus propios peritos analizando las supuestas evidencias, por lo que sus abogados han presentado una manifestación, lo que demora más el proceso judicial.
Según otra denuncia, Chimirri autorizó que con fondos de Hondutel se pagaran los honorarios de los abogados defensores de Óscar Danilo Santos y Luis Arriaga, ex empleados de la empresa estatal. Ambos fueron acusados, igual que Chimirri, por espionaje telefónico.
La acusación de la Fiscalía revela que Chimirri autorizó para el pago de abogados más de tres millones de lempiras.
Chimirri se presenta todos los martes al Juzgado a estampar su huella.
Jet blanco
En 2006, dos pilotos mexicanos aterrizaron con autorización y salieron de incógnito del aeropuerto Toncontín, abandonando el jet Grumman blanco, tipo Falcon, serie 010, registro XB-JPL, con bandera de México y de fabricación francesa. Se supone que los pilotos recibieron ayuda del personal de Migración.
El jet estuvo abandonado más de un año. Nunca se supo la identidad del dueño. Tiempo después, la Fiscalía General subastó el jet por Internet y fue comprado por la compañía estadounidense CWS Marketing. La venta final fue de 736 mil dólares y la Fiscalía dio por cerrado el caso.
Cubanos
Otro caso de corrupción por el cual la Fiscalía enmudece y no muestra ni siquiera intenciones para revelar el proceso del caso es la entrada ilegal de ciudadanos cubanos en el país.
La denuncia reveló cómo se trafica con cubanos desde instituciones del Estado, que proveían visas irregulares para entrar en Honduras y luego salir hacia Estados Unidos. Gestiones desde el Congreso Nacional, Industria y Comercio, empresas y ong fueron denunciadas por el delito, pues al parecer en 2007 obtuvieron visas consulares para unos 15 cubanos.
Hasta el momento no hay responsables del llamado 'cubanazo'. El fiscal José Mario Salgado no quiso revelar datos del proceso de investigación.
Licencias
Después del fatídico accidente del vuelo 390 de la aerolínea Taca, salieron a relucir 39 delitos por abuso de autoridad del todavía titular de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Dgac, Guillermo Seamman.
La Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado acusó a Seamman ante el Juzgado Unificado de lo Penal por 39 casos de extensión irregular de licencias a pilotos venezolanos y peruanos.
Los pilotos nunca vinieron a Honduras a realizar trámites, como las pruebas requeridas antes de extender una licencia.
También se cuestionó a Seamman por extender permisos ilegales a aerolíneas estadounidenses sin cumplir requisitos. Seamman está sujeto a la ley con medidas cautelares.
