El proceso de licitación para la construcción de la cárcel en las Islas del Cisne sigue en marcha, según confirmó el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández.
Pese a los contratiempos y a que el concurso ha fracasado en tres ocasiones, Hernández explicó que el Instituto Nacional Penitenciario (INP) continúa con los trámites porque no ha recibido ninguna orden de suspensión.
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“Existen algunos procesos de licitación y no se ha logrado, pero se continúa... el INP continúa con ese proceso porque todavía no le han dado otra contraorden (suspensión)”, indicó Hernández durante el evento en conmemoración del Día del Soldado.
El proyecto de la cárcel, valorado en al menos 80 millones de dólares (unos 1,900 millones de lempiras), ya cuenta con un presupuesto aprobado por el Poder Ejecutivo, el cual destinó 1,800 millones de lempiras en el presupuesto fiscal de 2025 para su construcción. Sin embargo, hasta ahora, no se ha confirmado el lanzamiento de una cuarta licitación tras el fracaso de las anteriores.
Fracaso en licitaciones
El comandante de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y titular de la comisión interventora de centros penales, Ramiro Muñoz, confirmó que la tercera licitación también fue un fracaso. El plazo venció el pasado jueves 19 de septiembre y ninguna empresa presentó ofertas.
“Ayer tocaba elegir y las empresas no se presentaron. Los bancos no pueden generar una garantía bancaria local para las empresas que participan”, señaló Muñoz, quien también reconoció que “los bancos hondureños no quieren avalar este proceso ni ofrecer las garantías”.
En las dos primeras licitaciones hubo intentos fallidos por distintos motivos. En la primera, una empresa contaba con una garantía bancaria, pero esta provenía de fuera de Honduras, lo que impidió su elección. En la segunda licitación, que comenzó el 17 de agosto, tres empresas mostraron interés, pero ninguna presentó la garantía requerida.
Ante este panorama, Muñoz adelantó que antes de que finalice septiembre se brindará información sobre el estado de la tercera licitación y si alguna empresa presentó finalmente su garantía.
Desafíos
El proyecto ha enfrentado numerosos desafíos desde que fue anunciado por la presidenta Xiomara Castro a finales de 2023. En julio, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) aprobó las medidas de control ambiental, estableciendo que cualquier daño ecológico derivado del proyecto será responsabilidad de la empresa que gane la licitación.
La compañía también deberá contar con un plan de contingencia para mitigar derrames o fugas de líquidos de la maquinaria en la isla. “El daño causado al ambiente... será responsabilidad de la empresa, quien lo remediará asumiendo la totalidad de los costos”, dictaminó la Serna.
