La Fiscalía contra la Corrupción inició de oficio la investigación para determinar la legalidad de los contratos suscritos a última hora por el actual Gobierno.
La denuncia la hizo pública el virtual ministro asesor del próximo gobierno liberal, Enrique Flores Lanza, quien desató una polémica en las esferas del Estado, sobre todo en aquellas instituciones donde se están ampliando contratos de trabajo más del período estipulado, dejando “amarrada” a la próxima administración.
Además de la investigación de contratos para la reparación de carreteras, la Fiscalía investigará si se ampliaron los contratos a las empresas generadoras de energía térmica.
La fiscal Soraya Morales explicó que pedirán a la secretaría general del Congreso Nacional que informe sobre la ampliación de contratos para el suministro de energía térmica.
El Congreso Nacional deberá informar a la Fiscalía si se ha procedido conforme a la ley de Contratación del Estado y de la Cámara Legislativa, de no ser así podría imputarse el delito de abuso de autoridad y la Procuraduría de la República los declararía nulos, aseveró Morales.
Flores Lanza se refirió en particular a un paquete de 40 contratos de supervisión y pavimentación de carreteras que serían declarados nulos porque supuestamente no han seguido el procedimiento especial que establece que, cuando se comprometan fondos del siguiente período de gobierno, deberán ser aprobados por el Congreso Nacional.
Estos supuestos contratos irregulares son manejados por la Secretaría de Obras Públicas Transporte y Vivienda, Soptravi.
La Fiscalía tiene la obligación y el deber ineludible constitucionalmente de investigar y determinar si efectivamente se cumplen los requisitos que señala el artículo 13 de la ley de Contratación del Estado”, informó Morales.
Este artículo se refiere a las regulaciones que deben tener la suscripción de contratos por parte del Estado y que tienen efectos para el siguiente periodo de gobierno, entre ellas que tienen que ser aprobadas por el Congreso Nacional.
Diligencias
“La primera acción para determinar si efectivamente se ha cometido alguna ilegalidad averiguar con el secretario del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, si en efecto estos contratos fueron aprobados al interior de Soptravi, con efectos al siguiente período de gobierno”, explicó la fiscal.
Asimismo, se llamará a declarar a Flores Lanza para que amplíe la denuncia ante la Fiscalía.
“Todos los ciudadanos están obligados a rendir testimonio cuando ellos manifiestan que se está cometiendo o puede haberse cometido un hecho ilícito, la acción de nosotros no sólo es preventiva, sino de establecer si se cometió ya el ilícito penal, perfectamente podremos hacerle un llamado al abogado Flores Lanza”.
Si la Fiscalía comprueba que en la firma de los contratos no se siguieron los parámetros establecidos en la ley de Contratación del Estado, el Código Penal establece los delitos que serían imputados a los funcionarios responsables.
“Si estuviesen haciendo un actuar ilegal en contra de la ley de Contratación del Estado están incurriendo en el delito de abuso de autoridad”, manifestó Morales.
Responsabilidad
El Tribunal Superior de Cuentas sostiene también que son nulos los contratos que trascienden a un nuevo Gobierno y que no son aprobados por el Congreso Nacional, incluyendo las municipalidades, de ocurrir se incurre en responsabilidad civil, administrativa y penal.
