Un estadounidense testificará el próximo lunes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, sobre la detención de su esposa hondureña en Florida después de que denunció un caso de violencia doméstica y la policía indagó su estatus migratorio.
Robert Cote, un veterano de la Guerra del Golfo, ofrecerá detalles de la 'detención ilegal' de su esposa Rita Cote, en una audiencia que se celebrará en la sede de la CIDH, en Washington, informó hoy la Unión Americana de Libertades Civiles, Aclu, de Florida.
La ACLU interpuso en enero pasado una demanda en un tribunal estatal y federal contra la oficina del Alguacil del condado de Lake y la ciudad de Tavares, en el centro de Florida, por la detención de la hondureña en febrero de 2009.
Su detención se produjo cuando ella ayudó a su hermana, que no hablaba inglés, a denunciar ante la policía y el servicio de emergencias 911 que fue víctima de violencia doméstica por parte de su novio.
Aunque su hermana tenía contusiones en el cuello y se le pidió varias veces a agentes policiales en la escena que presentaran cargos contra su asaltante, estos se concentraron en preguntar a Rita Cote sobre su estatus inmigratorio.
Los agentes policiales insistieron en que les mostrara un pasaporte aun cuando la mujer presentó otro tipo de identificación con foto, de acuerdo con el documento judicial del caso.
Los agentes afirmaron que el nombre de la hondureña apareció en la base de datos del Centro Nacional de Información de Delitos (NCIC, por su sigla en inglés) y la arrestaron.
'Los policías no tenían ni una orden de detención, ni una probable causa para creer que ella había cometido un delito. De hecho, no tenían ninguna autoridad para arrestarla', se indicó en el documento.
Rita Cote estuvo detenida durante siete días sin que se le presentaran cargos, tampoco compareció ante un juez, ni se le permitió tener un abogado o ver a sus cuatro hijos menores de edad, según ACLU Florida.
Cuando ACLU intervino en el caso para reclamar sobre la detención ilegal de la mujer, fue transferida al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Orlando y después al condado de Broward, donde estuvo recluida una semanal adicional lejos de su familia.
La hondureña obtuvo su libertad mediante una petición de hábeas corpus presentada por ACLU.
'Ni Tavares ni el condado de Lake tenían ninguna autoridad legal o motivo para detener a la señora Cote. El esfuerzo por ayudar a la policía y proteger a su hermana se le pagó con más de dos semanas en la cárcel, separada de su esposo y sus hijos, sin cargos, ni un proceso judicial', dijo Glenn Katon, abogado de ACLU Florida.
ACLU informó que aunque Cote fue traída a Estados Unidos cuando era una menor y es una madre indocumentada de cuatro hijos estadounidenses, 'no hay autoridad legal para que los funcionarios policiales de Florida detengan a alguien en esta situación. Cote está ahora trabajando con un abogado de Inmigración para resolver su estatus legal'.
Los abogados de ACLU de la mujer presentaron un reclamo y una demanda para juicio con jurado contra el alguacil de Lake, Gary S. Borders, de quien dijeron que presuntamente tiene la 'costumbre, práctica o política' de detener de manera ilegal a las personas sin ordenes judiciales y sin probable causa de haber cometido delitos.
'Entre marzo de 2007 y marzo de 2009, el demandado detuvo aproximadamente a 230 personas sin una orden de arresto y causa probable de delito (....) Al demandando nunca se le ha delegado autoridad federal para hacer cumplir la ley de Inmigración por ninguna agencia federal', afirmaron los juristas.
El esposo de la mujer, Robert Cote, dijo que 'nada sobre las acciones de la oficina del Aguacil de Lake indica que han tomado este asunto seriamente. Esperamos conseguir su atención con estas demandas y obtener alguna responsabilidad por la manera en que mi esposa y mi familia fue tratada'. EFE so/cs
