Con estupor y asombro reaccionaron docentes y pobladores de esta ciudad al conocer un informe en el que se deja al descubierto una serie de actos de corrupción en el sistema educativo de este departamento.
El escrito publicado por el Consejo Nacional Anticorrupción y elaborado por los miembros del Espacio de Concertación Regional en este municipio, revela una serie de irregularidades en las que habrían incurrido aparentemente docentes, como manipulación de plazas, maltrato a estudiantes, acoso sexual, discriminación a alumnos y llegar al aula en estado de ebriedad.
La directora del ente en mención, Dulce María Ulloa, informó que aunque no señalan con nombres y apellidos a ninguna persona, la denuncia es real. En la investigación se aplicaron centenares de encuestas a alumnos y maestros en diferentes municipios de Intibucá.
“No pretendemos hacer señalamientos directos, eso le corresponde a la Fiscalía. Nosotros sólo pretendemos que se cree un organismo que evite los abusos que se cometen con la gente humilde. Sabemos que así como opera la justicia en el país, no habrá gente presa. Pero el objetivo es que haya un ente supervisor en el departamento”, señaló. Los denunciantes son padres, alumnos y hasta algunos educadores que han sido víctimas del mismo sistema.
Pelea de enamorados
Ulloa dijo que hay una maestra acusada por agresión en una escuela del municipio de Concepción y que fue declarada inocente. “Los niños viven atemorizados y hasta se niegan a recibir clases con ella” agregó Ulloa.
Señaló que hasta esta semana se reanudaron las clases en la escuela Ramón Rosa del municipio de Magdalena porque dos maestros que sostuvieron una relación amorosa, habían generado un conflicto.
“Ellos se gritaban frente a los alumnos palabras obscenas. Ambos fueron trasladados, pero el maestro está peleando por regresar y los padres se oponen. Durante tres semanas estuvieron sin clases los alumnos, pero el problema continúa, pues al parecer el docente volverá a su cargo”, explicó Ulloa.
Dice tener registrada también una denuncia sobre una violación sexual de una maestra de parte de un compañero de labores.
“Los nombres no los podemos revelar. Ya presentamos a los entes correspondientes el informe para que ellos hagan su parte”.
Otra de las situaciones que denuncian es el exigir a los niños lencas no usar sus pañuelos y vestimenta cultural en el municipio de San Francisco de Opalaca y que los maestros no están tratando en los centros mantener la cultura de esta etnia y les exigen el uniforme oficial.
Los padres de familia de este municipio no opinan abiertamente sobre las denuncias que ahora son públicas.
“Uno no se da cuenta de nada, si todo lo que dice es verdad, esperamos que las autoridades tomen medidas. Lo de la manipulación de plazas ha de ser cierto, pues los políticos siempre hacen de las suyas, pero nos asombra lo de las acusaciones de acoso y maltrato a estudiantes porque con mis hijos nunca he tenido problemas”, dijo una madre.
Desconocían acusaciones
En la escuela Morazánica José Mauricio del Cid, a las maestras les cayó como balde de agua fría leer la noticia.
Contrario a lo que establece el informe, los alumnos visten sus ropas tradicionales y no el uniforme blanco y azul, y antes de iniciar las clases fuimos testigos de cómo elevan una una oración dando gracias a Dios.
“Desconocemos todos esos hechos que mencionan en esa denuncia. Las acusaciones son graves. En el pasado hubo casos de maestros que llegaban en estado de ebriedad a impartir clases, pero fueron sancionados”, opinó la docente Bessy Díaz.
La maestra María Dubón, de la escuela Guía Técnica Juan Emilio Flores, dijo que es necesario que se haga una investigación minuciosa porque por unos pocos docentes pagan todos.
“En este tipo de auditorías los testigos quedan en el anonimato. Uno siempre escucha rumores, pero sólo es eso. Se debe investigar también a los dirigentes magisteriales. Otro de los problemas que se da es que la nueva generación de docentes no está comprometida con la educación”, dijo.
Los dirigentes magisteriales y miembros de la junta de selección de docentes en la Departamental de Educación de Intibucá, informaron que procederán legalmente contra los que publicaron este informe pues consideran que se trata de una estrategia política y está dañando la imagen de todos los docentes del departamento.
“Es irresponsable la publicación de ese informe sin tener pruebas, en vez de contribuir con la educación la están afectando. Por primera vez en la historia del departamento se están tomando las medidas para dar las plazas con transparencia. Nunca antes había durado un director departamental en las oficinas, no pasaba de dos meses. El actual tiene 33”, dijo Dento Mendoza, del Colprosumah.
“Vamos a proceder legalmente, si hay algún docente que se le pidió sexo por darle una plaza, que lo denuncie con nombre y apellido públicamente. Están desprestigiando nuestro trabajo”, expresó el docente David García, del Colegio de Educación Media, Copemh.
“Le están haciendo un gran daño a la educación de Intibucá”
El director de Educación de Intibucá, Justo Pastor, expresó sentirse ofendido por las acusaciones generalizadas para las autoridades de esa dirección y los docentes en general.
“Están haciendo un daño tremendo a la educación del departamento y nos sentimos ofendidos. El 90% de los maestros hacen su trabajo, mientras en otros departamentos no dan clases por huelgas ellos permanecen en sus aulas. Negamos todas las acusaciones. Es falso que se esté politizando la asignación de plazas y favoreciendo a familiares, como señala el informe.
La junta de selección está constituida legalmente y hasta ha habido participación de los Derechos Humanos. Precisamente no me llevo con algunos diputados porque no les hago favores. Esto también puede tratarse de algo político porque hasta hoy se está trabajando correctamente, ellos pueden ser los que están financiando esta investigación”, dijo Pastor. Declaró que a las etnias se les da un trato especial y que no es cierto que se esté maltratando a los alumnos y que un caso que se denunció el año anterior el profesor fue sancionado y la documentación está en la Secretaría.
“La institución que está haciendo estas denuncias tan serias esperamos que nos ayude para corregirlas si se comprueba que se están dando.
Nosotros esperamos también que venga la comisión interventora de la Secretaría de Educación para que investiguen”, señaló Pastor.
Hay golpes y acoso sexual contra escolares: Unicef y Fiscalía
Un estudio de la Fiscalía de la Niñez, avalado por Unicef, reveló que los golpes, amenazas, acoso sexual y los insultos forman parte de los atropellos que sufren los niños en las escuelas públicas y privadas del país.
El estudio se desarrolló en Atlántida, San Pedro Sula, Copán, Juticalpa, Tegucigalpa, Comayagua y Choluteca.
“En un principio pensábamos que el grado de violación a los derechos de los niños era menor a lo que reflejó el estudio”, dijo Mireya Carbajal, consultora.
Un total de 77 centros educativos conforman el área de estudio con 1,038 entrevistas, con estudiantes, padres de familia, docentes, jueces y fiscales, en un período de siete meses.
Los gritos, suspensión de los recreos y la prohibición que se les hace a las niñas de jugar porque se les puede ver la ropa interior forman parte de los atropellos a los derechos de los niños que se presentan en los centros educativos.
En el informe se detalla cómo se les obliga a los niños de grados superirores a convertirse en vigilantes de la seguridad del resto de los niños y niñas y son nombrados como patrulleros.
De acuerdo al estudio el título de patrullero provoca el rechazo del resto de la población escolar hacia los “celadores infantiles”, lo que desde ya es un acto en contra de la integridad de los menores.
Por otra parte se les violenta el derecho a la recreación al tener que asumir un rol que le corresponde a los maestros.
