Las cuentas bancarias de unos cinco oficiales y 50 elementos de la posta policial de La Granja, en la capital, están siendo investigadas.
Las acciones se deben a la intervención de esa estación policial tras salir a luz pública que desde allí operaba el denominado “cartel de La Granja”, una red criminal presuntamente conformada por policías dedicados al robo de carros, asaltos a mano armada, extorsiones y narcomenudeo.
Se informó ayer que se solicitará la colaboración de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros para que agilice la facilitación de esta información, detalló la radio HRN.
Se informó que las acciones se enfocarían en todos los elementos que habían estado asignados durante los últimos años y meses en la posta de La Granja (Distrito 1-6).
Posteriormente, la acción se extenderá a todo el país.
Mafiosos
Según lo revelado, por cada carro robado por policías les pagaban 50,000 lempiras.
Estos carros son llevados a un taller ubicado dentro de los límites del distrito.
El único requisito es que no esté perforado por balas, no tenga sangre y se ajuste a los modelos que demandan en determinado momento.
En el caso de las motocicletas robadas, les pagan 5,000 lempiras o el doble si es alguna marca comercial y modelo reciente.
Perpetraban todos los hechos criminales en sus días libres y exclusivamente en la zona que les correspondía resguardar. Este lucrativo “trabajo” les pudo haber generado sustanciales ganancias y, debido a eso, las autoridades investigarán las cuentas bancarias de los oficiales y el personal de la escala básica que estaba asignado a este Distrito.
Pedirán apoyo de la DEI
“Otra acción que vamos a solicitar es el apoyo de la DEI (Dirección Ejecutiva de Ingresos) para que proporcione la lista de todos los vehículos que tienen todos los oficiales de la Policía a nivel nacional”, declaró ayer Danilo Orellana, director de Centros Penales.
“Hemos visto alguna relación con algunos comisarios que tienen (Toyotas) Prados y otros vehículos de lujo y el que no pueda justificar la posesión de estos vehículos será remitido a la autoridad competente”, advirtió el comisionado Orellana.
Según este oficial, “son acciones que ya tiempo tuvo que haber hecho (en la Policía) el mando y ahora que estamos en esta posición lo vamos hacer”. Adelantó: “Habrá cambios muy fuertes que se harán poco a poco”.
Orellana comentó que en la cúpula policial se analiza una lista de oficiales fuertemente cuestionados por sus vínculos con el crimen organizado y el narcotráfico.
“Estamos hablando de entre ocho y diez oficiales y personal de escala básica”.
Rendición de cuentas
Héctor Orlando Suazo, director de Servicios Especiales (Policía de Fronteras), comentó: “Por el momento, la dirección de Asuntos Especiales hace las labores de patrullaje, tránsito y prevención en la zona sur. Por esa parte no deben temer”.
Al consultarlo sobre el exceso de bienes de algunos oficiales de la Policía, el director de Fronteras opinó que “ese precisamente es el hecho. Estamos hablando de transparencia y rendición de cuentas y vamos a rendir cuentas de nuestros bienes y nuestros actos”.
Harán evaluación sicológica
El ministro Pompeyo Bonilla afirmó ayer en la conferencia de prensa que ofreció en Casamata que el explosivo C-4 hallado la noche del miércoles en la posta de La Granja fue lanzada con mala intención.
El artefacto explosivo fue desarticulado por el Escuadrón Antibombas ayer sin mayores contratiempos.
La estación policial fue intervenida y los 175 elementos policiales, entre oficiales y agentes, fueron trasladados al Centro de Operaciones de los Cobras, donde serán evaluados sicológica y físicamente.
Además se les practicarán pruebas antidoping
Según voceros policiales, ninguno de los 175 uniformados desalojados de La Granja están detenidos. Pero en las instalaciones de los Cobras, de donde desaparecieron 300 fusiles FAL y municiones, no solo hay agentes de La Granja; también hay uniformados de otras postas del distrito, como El Peddregal, Flor del Campo, San José de la Peña, Loarque y El Tizatillo.
La razón por la que separaron a los uniformados de ese distrito fue la muerte de los dos universitarios, entre ellos, el hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, asesinados supuestamente por agentes de la Policía Nacional.
