Tegucigalpa, Honduras.
El Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) mostraron excesiva lentitud y un magro desempeño en la judicialización de al menos 18 investigaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito que en los últimos dos años remitió a su jurisdicción la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
Lo anterior está reflejado en un informe de los expedientes que esta instancia de sociedad civil elaboró y sustanció a través de su unidad de investigación, y que posteriormente fueron entregados a estas dos instituciones para que procedieran a formular los reparos y acusaciones pertinentes.
A la fecha, el CNA remitió al Ministerio Público un total de 17 expedientes investigativos con indicios de responsabilidad penal contra exfuncionarios y autoridades del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp) y de varias alcaldías del país, salpicados por actos de corrupción.
De igual manera se remitieron al TSC un total de cinco sumarios de presunto enriquecimiento ilícito contra igual número de exfuncionarios públicos, pero la mayoría se encuentran empantanados.
De estas 23 investigaciones, únicamente cinco fueron judicializadas ante los tribunales de justicia, la mayoría de ellos relacionados con el brutal desfalco del Seguro Social y por la compra irregular de bonos del Estado en el Injupemp. Entre las líneas de investigación sustanciadas por el CNA en el caso del IHSS figuran las empresas fachadas y la operación de testaferros que se prestaron para sustraer fondos del Seguro Social con el contubernio de exfuncionarios de la institución.
También se investigó a dos exfuncionarios de tercera y cuarta categoría que presuntamente se enriquecieron ilícitamente.
Entre los investigados por el CNA están el jefe de compras José Alberto Zelaya, la esposa de este Michelle Rojas; la expalillona y amante del primero, Ilsa Vanessa Molina; los empleados Levis Donaldo Martínez y Alberto Barahona y la prestanombre Gabriela María Laínez Reina, detenida en Panamá por su presunta participación en el desfalco.
El Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) mostraron excesiva lentitud y un magro desempeño en la judicialización de al menos 18 investigaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito que en los últimos dos años remitió a su jurisdicción la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
Lo anterior está reflejado en un informe de los expedientes que esta instancia de sociedad civil elaboró y sustanció a través de su unidad de investigación, y que posteriormente fueron entregados a estas dos instituciones para que procedieran a formular los reparos y acusaciones pertinentes.
A la fecha, el CNA remitió al Ministerio Público un total de 17 expedientes investigativos con indicios de responsabilidad penal contra exfuncionarios y autoridades del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp) y de varias alcaldías del país, salpicados por actos de corrupción.
De igual manera se remitieron al TSC un total de cinco sumarios de presunto enriquecimiento ilícito contra igual número de exfuncionarios públicos, pero la mayoría se encuentran empantanados.
De estas 23 investigaciones, únicamente cinco fueron judicializadas ante los tribunales de justicia, la mayoría de ellos relacionados con el brutal desfalco del Seguro Social y por la compra irregular de bonos del Estado en el Injupemp. Entre las líneas de investigación sustanciadas por el CNA en el caso del IHSS figuran las empresas fachadas y la operación de testaferros que se prestaron para sustraer fondos del Seguro Social con el contubernio de exfuncionarios de la institución.
También se investigó a dos exfuncionarios de tercera y cuarta categoría que presuntamente se enriquecieron ilícitamente.
Entre los investigados por el CNA están el jefe de compras José Alberto Zelaya, la esposa de este Michelle Rojas; la expalillona y amante del primero, Ilsa Vanessa Molina; los empleados Levis Donaldo Martínez y Alberto Barahona y la prestanombre Gabriela María Laínez Reina, detenida en Panamá por su presunta participación en el desfalco.
