La Fiscalía Contra la Corrupción realizó ayer una inspección en el edificio de los juzgados sampedranos para constatar los daños en el inmueble luego de que su estructura colapsara a raíz del terremoto del 28 de mayo supuestamente por estar mal construido.
El reconocimiento fue hecho por fiscales y peritos forenses en materia de ingeniería. “Desde semanas anteriores hemos ampliado las investigaciones en relación a verificar el estado del edificio del Poder Judicial y otras instancias que aborden el contenido de la denuncia que estamos investigando”, manifestó el coordinador de la Fiscalía contra la Corrupción, Walter Ramírez.
El togado dijo que se realizarán pruebas de laboratorio en materia de estructuras para determinar si la construcción fue mal hecha.
Indicó además que se han efectuado investigaciones administrativas. “Ya tenemos los planos de la construcción y falta hacer una serie de diligencias más, pero el caso avanza positivamente”, señaló Ramírez. Refirió que aún no puede determinar cuándo estará concluida la investigación. “Tenemos que buscar un laboratorio de estructuras que afortunadamente en el país lo hay para determinar algunas circunstancias que son de interés para el perito nuestro y que podrían determinar si la estructura era relativa o no para soportar el peso del edificio y si la construcción se llevó a cabo con los requerimientos de ingeniería necesarios”, expresó el fiscal.
Ramírez indicó que antes de determinar los delitos en que se habrían incurrido debe investigarse a fondo ya que no se debe especular en el caso.
Ilícitos
“Los ilícitos se habrían cometido en la contratación del Estado a través del Poder Judicial con una compañía constructora que ganó el proceso licitatorio, entre los delitos habría violación de los deberes de los funcionarios y malversación de caudales públicos”, aseveró Ramírez.
A seis meses del terremoto, las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, aún no han realizado las reparaciones necesarias.
La justicia en San Pedro Sula se imparte en cinco edificios y uno donde se ubican las oficinas administrativas.
Siendo seis en total lo que representa el pago de 500 mil lempiras mensuales en alquiler.
