Tegucigalpa, Honduras.
El exministro de la presidencia, Ebal Díaz, reapareció desde Nicaragua para defenderse de las recientes acusaciones en su contra por parte de las autoridades del Instituto de la Propiedad (IP), que lo señalan como responsable de un millonario fraude al Estado hondureño.
El pronunciamiento de Díaz surge luego de que Francisco Bocanegra, actual secretario ejecutivo del IP, lo responsabilizara directamente de liderar una supuesta estructura que malversó fondos públicos durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández.
"Este acto de corrupción fue orquestado, organizado y coordinado de raíz por el señor Ebal Díaz allá en el año 2019", afirmó Bocanegra durante una conferencia.
Respuesta desde el exilio
A través de sus redes sociales, el exfuncionario –que reside en Nicaragua desde el inicio del gobierno de Xiomara Castro– acusó a las autoridades actuales de intentar desviar la atención pública con señalamientos infundados.
"¡Qué desesperación! Ya no saben cómo tapar lo de Sedesol. Dejamos con placas de primera al país y reservas para al menos dos años", escribió Díaz, haciendo referencia a presuntas irregularidades en la Secretaría de Desarrollo Social.
Además, arremetió contra el gobierno del Partido Libertad y Refundación (Libre), al que acusó de haber llevado al país al colapso administrativo.
"Ustedes lo quebraron todo y nos culpan de su fracaso, lo cierto es que da vergüenza ver a los hondureños con placas de papel. ¿Será que ustedes son de papel?", cuestionó.
Exilio prolongado y causas pendientes
Luego de no conseguir una diputación en las elecciones de 2021, Díaz abandonó Honduras argumentando que volvería “en su momento”. Sin embargo, en junio de 2022 se nacionalizó como ciudadano nicaragüense y se ha mantenido en ese país desde entonces.
Pese a estar fuera del país, continuó vinculado a temas de desarrollo económico al asumir la presidencia de la Comisión Permanente del Comité para la Aplicación de Mejores Prácticas (CP-CAMP), organismo vinculado a las controvertidas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
El pasado 30 de julio de 2024, el fiscal general Johel Zelaya presentó un requerimiento fiscal en contra de Díaz Lupián y otras 14 personas por su presunta participación en un megafraude relacionado con un ambicioso proyecto habitacional que prometía beneficiar a más de 10,000 familias hondureñas.
Como parte de las acciones legales, se dictó una medida de privación de dominio sobre más de 7 millones de lempiras que, según la Fiscalía, estarían ligados a operaciones ilícitas vinculadas al caso.
