A un 35% de déficit fiscal asciende el Presupuesto General de la República para 2022 que aprobó el Gobierno saliente en diciembre del año pasado, y al que las nuevas autoridades calificaron de “falso y fuente de corrupción” al no reflejar la realidad del país y basarse en “cifras manipuladas”.
Para financiar los L308,000 millones aprobados por la administración pasada, el país necesita endeudarse en L64,000 millones, es decir, obliga al actual Gobierno a acudir a la banca para que le financie al Estado préstamos por dichas cantidades.
Los hallazgos forman parte del primer informe sobre la situación económica y financiera del Estado que presentó ayer la secretaria de Finanzas, Rixi Moncada, en Casa Presidencial.
Según la funcionaria, en los últimos doce años se desviaron más de 168,000 millones de lempiras (unos $6,800 millones) “a través de la red de corrupción que endeudó el país y saqueó los fondos públicos, de los cuales aunque se desconoce su destino final, el despilfarro está registrado en la memoria de las finanzas del Estado de Honduras”.
Pese a los desafíos que señaló, Moncada enfatizó que “vamos a encontrar soluciones, esa es nuestra tarea y la vamos a cumplir al lado de nuestra Presidenta con éxito y con eficiencia”.
Ante tal situación de déficit, la actual administración enfrenta una presión social del pago de sueldos y salarios por caja vacía. “Por más mensajitos que me envíen y llamadas que me hagan, no tengo dinero de donde pagar a los empleados, no hay para pagar la planilla”, dijo Moncada a los titulares de las Secretarías de Salud (José Manuel Matheu) y Educación (Daniel Sponda).
La titular de Finanzas denunció que entre el 3 y el 26 de enero, la Tesorería General de la República (TGR), “violentando todas las normas legales y el orden de prelación, realizó pagos por un monto de L6,976 millones a programas, proveedores seleccionados políticamente, entre ellos de Vida Mejor, dejando deudas pendientes de pago por más de 45 días, que superan los L3,000 millones y dejándonos la deuda flotante de L12,000 millones”.
Moncada reportó que las normas técnicas del subsistema de Tesorería “se han violentado todas.
El orden de prelación, de atención de los pagos, desde la caja única del Tesoro, no puede ser amigo del ministro, ni del contratista, del proveedor, tener conectes o contactos. Las normas térmicas del subsistema de Tesorería nos mandan el orden de prelación en que debemos pagar”, recalcó la funcionaria.
La ley establece que por orden debe atenderse el servicio de la deuda, servicios personales (salarios), las transferencias a instituciones del sector público, pago a proveedores y resto de pagos. “La TGR pagó alrededor del 54% de la deuda flotante acumulada en 2021 y nos dejó sin fondos para el mes que se vence para los salarios de maestros y personal de Salud de primera línea. No hay ni un lempira para esos pagos. Hay que recoger diario y pagar diario y por partes”, agregó.
Irregularidades
Entre otros hallazgos expuestos del informe, cuyo contenido integro aún no ha sido público, la titular de Finanzas destacó que los fideicomisos, desde la perspectiva de la función pública, son parte del esquema de corrupción pública para eludir el cumplimiento del principio constitucional de caja única del Tesoro (CUT) y la Ley de Contratación del Estado.
También calificó a las asociaciones público-privadas (APP) como otro modelo de corrupción. “Más de L40,000 millones contratados hasta 2019 bajo este esquema evasor de la ley de contratación del Estado”, añadió.
Adicional, identificaron más de 20,000 millones de lempiras en transferencias a oenegés y cómo el fondo departamental, registrado por cuatro años consecutivos con un monto de 1,688 millones de lempiras, sirvieron de “fuente de corrupción, entregados a diputados”, que continúan pendientes de investigación.
La Enee
La situación financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) ocupó también otros puntos de interés en el informe. Según dijo Moncada, la estatal está “destrozada y hundida por la corrupción, con una deuda que supera los L76,000 millones y con las pérdidas en más del 33%”, de las cuales, un 15% se le trasladan por ley al abonado y el resto lo pierde directamente la Enee, equivalente a L6,000 millones anuales.
En busca de soluciones, Finanzas recomendó que las nuevas autoridades de la estatal presenten en los próximos 30 días un plan de reducción de pérdidas para iniciar su implementación con el recurso humano disponible en el área de distribución.
En línea con ello, sugieren declarar a la Enee como patrimonio nacional propiedad del pueblo hondureño, “para salvaguardar su derecho a disponer del servicio público de la energía, que no pueda ser vendida, transferida o privatizada”.
Recomendaron declarar “lesivo para el Estado de Honduras y el pueblo hondureño el contrato de la Empresa Energía Honduras”, debido a que ha incumplido con sus compromisos de reducir pérdidas de energía eléctrica y recuperar la mora.
Sefin instó por establecer un plan de pago de la deuda con los generados a la par de revisar los contratos y la fijación de un pago justo y acorte al mercado de la región centroamericana.
Adicional, proponen financiar la construcción de las represas Jicatuyo y Los Llanitos, y generación térmica sobre el espejo de agua de El Cajón, al tiempo de buscar licitar la contratación de energía para ampliar cobertura a través de paneles solares.
