Un costo de entre 80 y 100 millones de lempiras para las finanzas del Estado tendrá el período de transición entre lo que fue la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal, Cohdefor, y el Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, ICF.
Según informes del Congreso Nacional, los grupos de poder ejercieron sus influencias para que en este período de transición se otorgaran innumerables contratos de subasta de bosques, dejando enajenadas grandes extensiones de este recurso que ni las nuevas autoridades son capaces de cuantificar.
Por esta razón, la Comisión de Recursos Naturales del Congreso Nacional, que preside la diputada Paola Castro, y la directiva del Congreso Nacional, encabezada por el secretario José Alfredo Saavedra, hizo comparecer ayer a la directora del ICF, Suyapa Otero.
La intención fue conocer en qué condiciones recibió la administración forestal del Estado.
Otero explicó que la nueva legislación será efectiva en el ICF. Indicó que una de las herencias que dejó Cohdefor son demandas millonarias de tipo financiero, que no cuantificó. Tampoco reveló la cantidad de subastas que otorgó la última administración de Cohdefor.
Otero especificó que el ICF se encuentra en proceso de reestructuración.
