La aprobación y reformas de algunas leyes para favorecer a ciertos sectores de la sociedad hondureña repercutirá en la recaudación de los ingresos tributarios.
De nueva cuenta, el gobierno de Porfirio Lobo Sosa prometió al Fondo Monetario Internacional, FMI, la revisión y un estricto control sobre los beneficios fiscales autorizados a varios sectores de la sociedad.
La propuesta oficial surgió después de conocer el sacrificio de las exoneraciones y créditos fiscales en las recaudaciones de impuestos, por lo que el año anterior se tomaron algunas acciones, como eliminar las dispensas otorgadas a los diputados para la introducción de dos vehículos en un periodo de cuatro años.
Asimismo, la Organización Mundial del Comercio, OMC, ha venido propugnando por la revisión de los beneficios arancelarios entre sus países miembros, incluido Honduras.
Preocupados
Esa situación preocupa al ministro director de Ingresos, José Oswaldo Guillén, quien después de reunirse con la misión técnica del FMI pidió ayer frenar la aprobación de nuevos beneficios fiscales.
Suyapa Irías, jefa del Departamento de Estudios Fiscales de la DEI, dijo que sólo este año el impacto en las recaudaciones será de 1,500 millones de lempiras. Agregó que hasta junio el sacrificio fue de 744.1 millones de lempiras.
Guillén dijo que el sacrificio fiscal pudo haber sido mayor de no haberse tomado las acciones oportunas para frenar el abuso que cometen muchos contribuyentes, principalmente grandes y medianas industrias, lo que se ha visto reflejado en las cifras de abril a junio entregadas al Fondo Monetario Internacional.
En el primer trimestre, continuó, sólo por beneficios aprobados por ventas se redujo de 96.8 a 48.5 millones de lempiras.
El titular de la Ingresos subrayó que él ha sido enfático: “El negocio de la DEI es cobrar impuestos y no autorizar exoneraciones y por eso ha pedido sea la Secretaría de Finanzas la responsable de la aprobación de los beneficios fiscales. El tema de las exenciones y los créditos fiscales ha sido abordado por diversos sectores, generando opiniones encontradas porque muchos beneficiarios han abusado de ese derecho en detrimento del erario”.
Nuevos beneficiarios
El 10 de junio de 2010, el Congreso Nacional aprobó el Decreto 68-2010, el que fue publicado en La Gaceta 32,489 del 9 de abril de 2011.
Con esa nueva ley, el crédito fiscal se amplía y ya no sólo se beneficia a las empresas que producen bienes, sino a las que prestan servicios, especialmente aquellas actividades que usan de manera intensiva tecnologías modernas.
De esa manera, amparados en la reforma del Decreto 68-2010, seis contribuyentes han solicitado crédito fiscal por la suma de 1,178.1 millones de lempiras, que son recursos que el fisco no recaudará, dijo Marcia López, directora adjunta de Cumplimiento de la DEI.
Entre las nuevas beneficiarias destacan compañías dedicadas a prestar servicios de telecomunicaciones. A tres contribuyentes ya se les concedieron 13.4 millones de lempiras y hay pendientes de aprobación tres solicitudes más por 1,164.7 millones de lempiras.
Guillén sostiene que otras empresas pueden acceder a ese beneficio, por ejemplo las instituciones bancarias, quienes dejarían de pagar alrededor de 800 millones de lempiras anuales, y esa es la razón por la cual las autoridades de la DEI ha solicitado frenar la aprobación de más beneficios fiscales.
Con la interpretación al Artículo 12 de la Ley del Impuestos Sobre Ventas, contenida en el Decreto 24 del 20 de diciembre de 1963, se amplía el número de beneficiarios a empresas de servicios y no sólo a las que producen bienes, tal como se contempló inicialmente el crédito fiscal.
Abusos
Para Guillén, los beneficios fiscales son claves para incentivar el desarrollo de la producción. No obstante, considera que muchas personas naturales y jurídicas han abusado de las exoneraciones y de los créditos fiscales, hasta el punto de convertir ese derecho en una fuente más de ingresos.
Agrega que han realizado una serie de investigaciones entre las empresas beneficiarias y hay hallazgos sorprendentes como el caso de una fábrica de productos alimenticios que había sido autorizada para un crédito fiscal de 1,100 millones de lempiras, lo que no estaba conforme con los ingresos declarados en la DEI.
También hay casos de leyes que benefician a determinado sector productivo, pero al final quienes gozan son dos o tres panificadoras de Tegucigalpa, mientras que las pequeñas y medianas panaderías del resto del país no acceden a los beneficios fiscales, lo que genera una competencia desleal.
Mandan a contribuyentes morosos a la central de riesgo
Las autoridades de la DEI cumplieron con el compromiso de publicar en las centrales de riesgo el nombre de los contribuyentes naturales y jurídicos morosos con el fisco.
José Oswaldo Guillén, ministro director de Ingresos, dijo que la lista ya fue enviada a Equifax, lo que cierra las puertas a los deudores de impuestos al acceso a créditos en el sistema financiero y en el sector comercial.
Agregó que el listado incluye 29 empresas, entre las que destacan embotelladoras de bebidas alcohólicas y refrescos, agencias de publicidad, constructoras, compañías de seguridad, exportadoras de plástico, entre otras. En total, la mora con el fisco suma 6,297,244 lempiras.
El funcionario dijo que continúan procesando el listado de contribuyentes naturales y jurídicos que adeudan impuestos, los que posteriormente serán colocados en el buró de crédito.
Guillén dijo que así como las empresas comerciales e instituciones financieras envían a las centrales de riesgo a sus morosos, igual hará el Gobierno, ya que no es posible que haya contribuyentes que hagan negocios con la administración pública y no paguen los impuestos respectivos.
La Dirección Ejecutiva de Ingresos entregará en los primeros 10 días el calendario de cada mes a través del canal seguro a Equifax, el listado de los sujetos pasivos o terceros responsables que tengan deudas firmes, líquidas y exigibles de pago.
El convenio entre ambas instituciones fue suscrito el pasado 9 de junio en Tegucigalpa.
