Honduras quedó fuera de acceder a los fondos de la Cuenta del Milenio luego de reprobar ocho indicadores dentro del proceso de evaluación.
Según el informe, los indicadores reprobados por el estado son: control de corrupción, eficacia del gobierno, estado de derecho, libertad de información, gastos de educación, acceso al crédito, tasas de inmunización y la tasa de finalización de la educación secundaria inferior de niñas.
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El año pasado, cuando se evaluó el primer año de la administración Castro, Honduras reprobó ocho de 20 indicadores; entre ellos, el control de la corrupción.
Con este, ya serían 15 años los que Honduras ha quedado fuera de este beneficio de 215 millones de dólares.
También reprobó en Acceso a la información, Efectividad del gobierno, imperio de la ley, gasto en Educación, tasa de vacunación, acceso al crédito y tasa de finalización de la educación secundaria en niñas.
Para acceder a los fondos, el país necesita alcanzar una evaluación del 50% en el indicador de control de la corrupción, pero apenas logró un 9% el año pasado, por lo que la tarea en este 2024 es casi imposible.
Al respecto, el ministro de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), y quien lidera el programa para acceder nuevamente a los fondos, Marcio Sierra, había dicho que han “superado la cantidad de indicadores para poder acceder a la Cuenta del Milenio, pero lo que no hemos podido superar es el indicador de corrupción. Usted sabe de dónde venimos y cómo encontramos al país”.
Aseguró que durante el actual Gobierno no han sido evaluados de manera objetiva. Mientras tanto, Juan Carlos Aguilar, director de Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), dijo que “Honduras no aprueba porque no hay un combate eficaz a la corrupción ni una rendición de cuentas”.
Por su parte, el economista Roberto Lagos pidió que “no pongan excusas baratas ni culpen a terceros por temas políticos e ideológicos”.
La Cuenta del Milenio es un programa de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid). Sus recursos no reembolsables se utilizan para financiar proyectos de infraestructura productiva y otros esfuerzos que fortalecen la democracia y el Estado de derecho.
