San Pedro Sula, Honduras
Tras las enormes expectativas que despertó en la sociedad hondureña en el momento de su creación, la recién abolida Comisión de Reforma a la Seguridad Pública pasó sin pena ni gloria, dejando un paquete de 12 propuestas jurídicas que fueron engavetadas y no tuvieron eco en los tomadores de decisiones del país.
El pleno de diputados del Congreso Nacional derogó el pasado 20 de enero el decreto que daba vida a la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública (CRSP), dándole el tiro de gracia a esta entidad que en la práctica no aportó nada al sector justicia y representó una carga financiera para el Estado calculada en más de 30 millones de lempiras en los dos años que estuvo activa.
Formalmente, la CRSP sigue operando y algunos empleados continúan llegando a sus labores, ya que aún no se ha publicado en el diario oficial La Gaceta el decreto de derogatoria.
De acuerdo con fuentes del Poder Ejecutivo, el cierre de esta instancia obedeció a la “incompatibilidad de criterios y la visión incongruente” de sus comisionados con la política de seguridad pública del nuevo presidente de la República, Juan Orlando Hernández.
Lo que aceleró su cierre
El hecho que selló el destino de la CRSP fue su oposición a que la Policía Militar tuviese rango constitucional, argumentando que representaba un retroceso en la consolidación del poder civil sobre el militar y desviaba la misión constitucional de las Fuerzas Armadas.
La creación de la Policía Militar fue una de las principales propuestas de campaña del gobernante Juan Orlando Hernández.
La CRSP fue creada 31 de enero de 2012 mediante decreto legislativo 04-2012 con el fin de diseñar, planificar y certificar el proceso de reforma integral de la seguridad pública que incluía la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Una de sus principales misiones era certificar el proceso de depuración de la Policía Nacional efectuado por la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP). La CRSP cuestionó insistentemente los pobres avances en el adecentamiento del estamento policial.
La Comisión de Reforma surgió coyunturalmente en el momento que se cuestionaba la elevada corrupción e infiltración del crimen organizado en la Policía y en los operadores de justicia tras el asesinato de los estudiantes universitarios Rafael Alejandro Vargas y Carlos Pineda.
Conforme a lo establecido en el artículo 3 del decreto de creación, la Comisión tenía entre sus facultades formular propuestas para implementar procesos de depuración de los órganos operadores de justicia, certificar la efectiva ejecución de estos y recomendar lo que fuera pertinente en materia de seguridad pública.
La integraron los hondureños Víctor Meza, exministro de Gobernación y Justicia; Jorge Omar Casco, exrector de la Unah, y Matías Funes, catedrático universitario; también Aquiles Blu, general retirado de la Policía de Carabineros de Chile, y el canadiense Adam Blackwell, secretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos.
Costo y propuestas
La CRSP tenía asignado un presupuesto de 23 millones de lempiras anuales para gastos operacionales y el pago de los comisionados y los más de 20 asesores y empleados contratados, de modo que entre 2012 y 2013 se le asignaron un total de 56 millones, según confió una fuente de la institución.
No obstante, el comisionado Jorge Omar Casco aseguró que en 2012 la liquidación presupuestaria ascendió a 15 millones de lempiras e igual cantidad para 2013 para hacer un total de 30 millones en los dos años que operó.
En esos dos años, la CRSP formuló un paquete de reformas jurídicas para mejorar las acciones del Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y la Policía Nacional; sin embargo, ninguna fue considerada por el Congreso Nacional ni por el Poder Ejecutivo.
Dentro de esas propuestas figuran el pacto nacional para la seguridad; readecuación de la normativa legal relacionada con la seguridad, la evaluación y la depuración del sistema nacional de seguridad pública; regulación jurídica y control de las empresas de seguridad; nuevo sistema de inteligencia nacional; reforma penitenciaria; reglamento del régimen de la Policía comunitaria; nuevo modelo de educación policial y política anticorrupción para operadores de justicia.
En suma son 12 propuestas que fueron elevadas a consideración del Congreso Nacional y al entonces presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, por conducto de la Consejo Nacional de Seguridad y Defensa.
Están liquidando
Casco indicó que la Comisión aún no ha cerrado sus operaciones porque esperan que se publique el decreto de derogatoria en La Gaceta. Mientras tanto, los comisionados han estado trabajando en el informe final que presentarán al presidente de la República.
Dijo que una vez que el decreto sea publicado se procederá a la cancelación de contratos y la liquidación laboral de todos los empleados. Por lo pronto, las oficinas donde funcionaba la Comisión comenzaron a ser desalojadas.
“El personal sigue desarrollando sus tareas, pero estamos ya calculándole sus prestaciones y sus demás derechos”, indicó. Casco se mostró muy reservado en cuanto a comentar las causas del cierre de la Comisión y se limitó a decir: “No podemos pronunciarnos porque desconocemos los motivos”.
Deploró que no se hayan tomado en cuenta las 12 propuestas elevadas a consideración de los operadores de justicia y los representantes de los poderes del Estado, pues fueron producto de un intenso trabajo con organizaciones nacionales e internacionales.
“Lamentamos realmente y la frustración es del pueblo hondureño porque nuestras propuestas estaban basadas en tendencias modernas, en las nuevas estructuras en el sector justicia y seguridad y porque se hicieron en consulta con representantes de la sociedad civil y otros gremios”.
No obstante, Casco confió en que las propuestas no sean enviadas al cesto de la basura, sino que sean turnadas a otra instancia y puedan ser tomadas en cuenta.
“Nos limitamos a presentar nuestro trabajo profesionalmente y los tomadores de decisiones son los que deben ir adelante con el análisis y la toma de decisiones para aprobar o no, discutir o no, las propuestas que están ahí”.
En una entrevista para LA PRENSA antes del cierre de la CRSP, el comisionado Matías Funes mostró su frustración porque sus iniciativas no fueran tomadas en cuenta por los tomadores de decisiones y dijo que lo ideal habría sido que las aprobaran con las reformas pertinentes.
“Lo satisfactorio para nosotros era que esas propuestas las hubiesen aprobado. Podrían haber sido reformadas porque no estaban escritas en piedra, pero lo peor de todo fue que ni siquiera se discutieron”, lamentó.
Las propuestas
PACTO NACIONAL POR LA SEGURIDAD
Iniciativa que buscaba que los representantes de los partidos políticos legalmente inscritos e involucrados ya en la actividad electoral firmaran un pacto nacional por la seguridad, en el que expresaran claramente sus coincidencias básicas en torno al tema.
READECUACIÓN DE LA NORMATIVA LEGAL RELACIONADA CON LA SEGURIDAD PÚBLICA (MINISTERIO PÚBLICO, PODER JUDICIAL Y POLICÍA NACIONAL)
El proyecto pretendía fortalecer el sistema de justicia mediante un proceso de revisión y propuesta de herramientas legales que ofreciera el apoyo necesario para la eficaz y eficiente impartición de justicia y generar un modelo de seguridad pública moderno.
EVALUACIÓN Y DEPURACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Con este proyecto, la CRSP pretendía fortalecer a la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial mediante el diseño e implantación de un mecanismo que brindase los espacios adecuados para la evaluación del cumplimiento de las funciones y procedimientos en materia de seguridad.
REGULACIÓN JURÍDICA Y CONTROL DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD
La CRSP proponía la conformación de un equipo de profesionales que recabase y organizara información y formulara recomendaciones para una propuesta de marco normativo y de funcionamiento operativo de las compañías de seguridad privada en Honduras.
SISTEMA DE INTELIGENCIA NACIONAL
Propuesta para la organización de un sistema de inteligencia nacional que asegure la coherencia y complementariedad en el trabajo de las distintas unidades y servicios que recogen y procesan información para asegurar la defensa y seguridad del país.
REFORMA PENITENCIARIA
Impulsar la reforma del sistema penitenciario en Honduras mediante un proyecto de generación de herramientas clave para apoyar la transformación y el mejoramiento de las condiciones y servicios que se ofrecen en los centros penitenciarios del país.
MODELO DE RELACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL CON LOS ÓRGANOS DE GOBERNABILIDAD LOCAL
Orientado a apoyar los esfuerzos de relación entre la Policía y los municipios, armonizando los requerimientos de la seguridad comunitaria y la función policial para generar modelos de seguridad local participativos y apegados a su realidad específica.
LEY Y REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE LA POLICÍA COMUNITARIA
Propuesta orientada a fortalecer los vínculos entre la Policía Nacional y las Municipalidades, orientada a la desconcentración policial y a que las Corporaciones Municipales ejerzan funciones de orientación, supervisión y evaluación sobre las actividades de la Policía Nacional dentro de su jurisdicción territorial.
NUEVO MODELO DE EDUCACIÓN POLICIAL
Proyecto para fortalecer a la Policía mediante el diseño e implantación de herramientas educativas con miras a su profesionalización.
POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN PARA OPERADORES DE JUSTICIA
Propuesta de Política Nacional Anticorrupción que establezca las normas de conducta éticas de los operadores de justicia, creación de mecanismos de transparencia, prevención de la corrupción, denuncia y sanción de los actos de corrupción en las instituciones vinculadas con el sistema.
