Tegucigalpa. El mismo gobierno de Porfirio Lobo Sosa le dio el tiro de gracia a la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública (CRSP) disuelta en la última sesión celebrada por el Congreso Nacional.
La institución, que fue concebida para lograr la depuración de la Policía Nacional y otros operadores de justicia, fracasó por el desinterés del Gobierno en cumplir con sus recomendaciones.
Aunque tuvo apoyo económico, su fin no se logró por completo. A la CRSP se le asignaron unos 41 millones de lempiras que se invirtieron desde 2012 cuando fue creada.
En 2012, la CRSP recibió un presupuesto de 14,711,000 lempiras y en 2013 la partida fue 26,352,000 lempiras. Estos recursos prácticamente fueron derrochados porque el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional ignoraron las 12 propuestas que hicieron. Apenas tomaron en cuenta algunos puntos de esos documentos para incorporarlos a algunas leyes aprobadas. Integraban la CRSP los hondureños Víctor Meza, Jorge Omar Casco y Matías Funes, y los internacionales Adam Blackwell (canadiense, secretario Mutidimensional de la OEA) y Aquiles Blu (chileno, exjefe de Carabineros de Chile).
La CRSP presentó, entre otros, el Proyecto de Ley de la Carrera del Servidor del Ministerio Público, de la Ley de la Carrera Policial, de la Ley de la Policía Nacional y de Reforma a la Ley del Ministerio Público. El presidente Porfirio Lobo dijo el 26 de octubre de 2012, cuando la Comisión presentó las primeras siete recomendaciones, que “nada nos va a detener en concretar que tengamos un sistema de justicia que sea efectivo”, pero no le dio respaldo a esa entidad. Los comisionados dijeron que se iban a pronuniciar sobre la desaparición de la CRSP hasta conocer el decreto que anulación de ese organismo.
A juicio de Josué Murillo, coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), la CRSP “no entendió su rol y al final se limitaron a ser una comisión legislativa, no a generar consensos y acuerdos políticos”.
