El departamento municipal de justicia de El Progreso emitió una ordenanza para obligar a los propietarios de viviendas, cuarterías y establecimientos comerciales para que registren y legalicen en esta oficina los contratos de arrendamiento.
Para terminar con el desorden y problema que se da entre los dueños de esos locales y los inquilinos, la directora del departamento de inquilinato a nivel nacional, Vilma Cortés y el titular de esa oficina municipal, Armando Guerrero, se reunieron en esta ciudad.
Guerrero estima que sólo en el casco urbano de El Progreso se alquilan más de dos mil locales comercial y en el área residencial un poco más de esa cifra, ningún propietario de éstos ha realizado un contrato por escrito y dentro de la Ley de Inquilinato.
“Estamos conscientes que éste es un serio problema que debemos de ordenar, la falta de control no nos ha permitido establecer con esa actitud la cantidad de sitios alquilados en la ciudad”, expresó Guerrero.
Sanciones
El funcionario agregó que los propietarios de esos establecimientos tienen hasta el 24 de mayo para que hagan sus contratos legalmente y los inscriban en esta oficina.
“Ya emitimos una ordenanza que entró en vigencia desde el 24 de abril y culmina el 24 de mayo, luego de esa fecha se procederá a realizar una inspección en los lugares para verificar que tengan el documento de alquiler, tanto el propietario del sitio como el inquilino”.
Guerrero indicó “el no cumplir con la disposición obligará a este departamento a aplicar una multa de un salario mínimo a sus dueños”. La directora de inquilinato dijo que el departamento municipal de justicia está obligado a velar por la correcta aplicación de esa ley, “ésa es la razón que nos ha hecho llegar a ésta y otras ciudades del departamento de Yoro para ordenar a los encargados de estas dependencia que accionen para tener un mejor control de ese tipo de transacciones”.
Cortés expresó que con la labor no se busca afectar a ninguna de las partes, “más bien les estamos orientando sobre sus derechos y deberes, pues en muchas ocasiones los problemas se dan por desconocimiento de la ley que protege tanto al arrendador como arrendatario”.
La inquilina Martina Carranza dijo que ojalá las autoridades no se pongan de lado de los dueños de las cuarterías quienes en muchas ocasiones no mejoran las instalaciones y violan sus derechos.
