Varios dirigentes campesinos de la zona del Bajo Aguán han denunciado que no reciben ninguna protección a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) les dio medidas cautelares.
La disputa de tierras de siembra de palma africana ha provocado desde 2010 que más de 140 campesinos hayan sido asesinados hasta la fecha, como reveló una investigación de Diario LA PRENSA.
“Las medidas de protección deberían ser para los que tenemos medidas cautelares, pero no nos han dado seguridad. Estamos expuestos a ser víctimas de sicarios paramilitares que operan en la zona”, aseguró Vitalino Álvarez, quien es vocero del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (Muca) y secretario de la Plataforma Agraria.
El último asesinato de alto impacto en el Bajo Aguán fue el homicidio, el pasado 18 de octubre, del líder campesino José Ángel Flores, presidente del Muca, fue asesinado a balazos junto con el también campesino Silmer Dionisio George.
Este crimen causó la indignación en Honduras y a nivel nacional e internacional, al grado que hasta Estados Unidos solicitó una investigación exhaustiva y pidió la captura de los responsables.
Los campesinos y autoridades señalan como responsable de varios de los asesinatos de campesinos a una banda de sicarios presuntamente liderada por Céleo Bautista Rodríguez Ponce, quien es yerno del diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Alegría. “Se había dado también medidas cautelares a José Ángel Flores y nunca lo protegieron, y el resultado fue que lo mataron. Exigimos que se capture a los culpables porque las autoridades tienen información de adónde están. Estos hombres perversos siguen rondando los asentamientos y nadie los captura”, dijo Álvarez, quien agregó que hay 120 con medidas cautelares pero sin protección.
