Tegucigalpa, Honduras.
La Junta Ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI) completó las primeras revisiones del desempeño de Honduras bajo un programa económico respaldado por un acuerdo stand by de dos años y un acuerdo de dos años bajo el stand by línea de crédito (SCF).
Este programa fue aprobado el 15 de julio de 2019 por alrededor de $309,2 millones, el equivalente al 90 por ciento de cuota de Honduras en el FMI.
La finalización de las revisiones permite al país acceder a recursos por un monto aproximadamente de $144,7 millones. Las autoridades han expresado su intención de continuar tratando los arreglos como precautorios.
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Luego de la discusión de la Junta Ejecutiva sobre Honduras, Mitsuhiro Furusawa, director general adjunto y presidente interino del FMI, dijo que a pesar de los vientos en contra del crecimiento y un entorno desafiante, las autoridades hondureñas siguen comprometidas con el programa económico respaldado por el FMI. Han mantenido políticas macroeconómicas prudentes (la posición fiscal está en línea con la Ley de Responsabilidad Fiscal, la inflación está dentro de la banda de objetivo del Banco Central y el déficit de la cuenta corriente se ha reducido a pesar de los términos de intercambio adversos).
“Han avanzado en las reformas del sector eléctrico, mejorando el marco institucional al fortalecer la agencia reguladora, creando un operador de sistema independiente y emitiendo regulaciones que facilitarán un mercado eléctrico abierto, transparente y competitivo. También han tomado medidas para mejorar las operaciones y la gobernanza en la empresa pública de electricidad, y para implementar el plan para reducir las pérdidas, en particular mediante la creación de un grupo de trabajo para abordar el problema.
“Se han incorporado al programa medidas importantes para fortalecer los marcos de gobierno y anticorrupción, que se suman a los esfuerzos en curso para fortalecer el marco institucional en el Banco Central y en las finanzas públicas, y para mejorar el entorno empresarial. Las medidas se centran en reformas en el marco para gestionar las asociaciones público-privadas, el registro de beneficiarios reales, el sistema de declaración de activos de los funcionarios públicos y la contratación pública.
“Las autoridades protegerán los esfuerzos de movilización de ingresos realizados en los últimos años para reducir la brecha de infraestructura y aumentar el gasto social. Estos esfuerzos serán críticos para reducir la pobreza y la desigualdad, al tiempo que se mantiene una posición fiscal prudente que asegura la sostenibilidad de la deuda a mediano plazo.
