Tegucigalpa, Honduras.
Entre los años 2016 y 2019, la Comisión Depuradora de la Policía Nacional de Honduras, evaluó a más de 13,500 miembros de la carrera policial, lo que permitió excluir del servicio a cerca de 6,000 oficiales y agentes por diversos motivos, entre ellos la reestructuración, el retiro voluntario y el despido por justa causa.
Ahora el proceso busca implementar un sistema que garantice la evaluación permanente del personal policial, a través de un centro de credibilidad y confianza, un modelo que, aseguran los miembros de la Comisión, será uno de los más modernos de Centroamérica.
“Estamos por ejecutar una acción de deducción de responsabilidad a todo aquel policía que cometa un acto al margen de la ley. Para ello se espera una articulación de esfuerzos entre Inspectoría de la Policía Nacional, Jefatura de Recursos Humanos y la Dirección de Asuntos Disciplinarios (Didapol)”, explicó Omar Rivera, miembro de la Comisión Depuradora.
| Datos
2,500 agentes policiales más planifica tener para 2019 la Policía, y cubrir la demanda de seguridad en todo el país.
19,000 efectivos programan para cerrar 2019 y mejorar la respuesta inmediata que exigen los hondureños.
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Hasta ahora ya van cerca de mil procesos disciplinarios los que se están impulsando. “Son casos documentados, y una buena parte de ellos va a decantar en una exclusión del servicio policial de aquellos que hayan cometido faltas graves o delitos”, dijo Rivera.
La profunda profilaxis que desde hace tres años ejecuta la Comisión Especial, llevó al fomento de reformas institucionales que, aseguran, transformará la Policía Nacional, con la modernización del marco legal, la reestructuración orgánica, el rediseño del sistema educativo y los más estrictos criterios de reclutamiento.
También está la creación de un organismo de control disciplinario, el fortalecimiento de la capacidad de inteligencia e investigación criminal, entre otros.
Consolidación. Si algo tiene claro la Comisión, es que uno de los retos en el proceso es consolidar la reforma policial e instaurar un sistema de control disciplinario para que de manera permanente se pueda evaluar la idoneidad del personal y sancionar al que ha cometido un delito.
“El principal problema que tuvo la Policía para que se convirtiera en una de las instituciones más corruptas del país es que la impunidad campeaba, se cometía delito, pero no se investigaba, no se castigaba. Ahora con el fortalecimiento institucional de la Inspectoría Policial de la Dirección de Inteligencia Policial, de la Dirección Policial de Investigaciones y de la Dirección de Asuntos Disciplinarios, tenemos una oportunidad para ir mejorando en el marco de que “el que la hace la paga”, explicó el depurador.
Pero el proceso no solo ha implicado sacar al personal no apto para la Policía, sino la selección de las nuevas generaciones de agentes y oficiales que cumplan con los nuevos programas de entrenamiento. De esta manera se puede considerar que son el personal idóneo para ser parte de la institución.
“Se está transformando, la Comisión Especial ha trabajado en modificar la estructura, en dar pautos del camino a seguir para fortalecer la Policía”, dijo Rivera.
| “Se debe llegar a la investigación patrimonial de los policías” Tegucigalpa. Migdonia Ayestas, del Observatorio de la Violencia en Honduras, asegura que uno de los principales retos en la depuración policial, es saber con qué recurso humano cuenta la institución, las capacidades, así como las acciones que desarrollan en los lugares donde están siendo asignados. “El desarrollo de un sistema de información, debe dar cuenta de quiénes son, dónde están y qué progresos y avances tienen los policías que están siendo analizados.
Las investigaciones tienen que ir más allá de la prueba psicológica, toxicológica, se debe llegar a la prueba patrimonial”, dijo la experta. Para Ayestas, son los mismos policías los que saben quién se ha enriquecido ilícitamente y no se atreven a denunciarlos y tampoco la autoridad lo evidencia. Si algo está claro es que la depuración tiene que establecer mecanismos de seguimiento y evaluación de casos específicos, en zonas apegadas al narcotráfico, corrupción o lavado de activos. |
