Protesta de Koriun paraliza Choloma: filas, disturbios y falta de respuestas
La Policía Nacional llegó al sitio y cesaron las agresiones, pero no se ha suspendido la toma de carretera. Afectados por la empresa Koriun piden al Gobierno ser escuchados
- 10 de octubre de 2025 a las 12:33 -
Más de quince horas han pasado desde que personas afectadas por la empresa Koriun iniciaron una serie de protestas en la carretera CA-13 en Choloma, Cortés. Las filas interminables de vehículos que circulan hacia San Pedro Sula y Puerto Cortés son de decenas de kilómetros.
A esta hora, no existe claridad para resolver la situación. Los manifestantes bloquearon ambas trochas de la carretera, pendular de la región porque conecta al municipio con San Pedro Sula y Puerto Cortés.
Durante la mañana, la protesta se intensificó y fue escenario de disturbios y agresiones a peatones que buscaban movilizarse mientras los vehículos estaban estacionados en las filas. La Policía Nacional envió contingentes al lugar de protesta, pero no se ha suspendido la toma. Tampoco se presentaron más incidentes de agresiones o violencia.
Los manifestantes bloquearon la vía con ramas de árboles, escombros, neumáticos y cruzaron equipo pesado.
El tránsito vial está detenido y miles de personas no logran, desde anoche, cruzar hacia San Pedro Sula o viceversa.
Los manifestantes instalaron barricadas con ramas y neumáticos, y exigieron la devolución de los fondos invertidos, al tiempo que demandan respuestas claras sobre el estado legal de la empresa.
Este tipo de protestas contra Koriun no es algo nuevo. Meses atrás, los socios de la firma protagonizaron tomas de carreteras, manifestaciones intensas y enfrentamientos con la Policía, en demanda de la restitución de sus capitales.
Durante esos episodios, los manifestantes también cerraron el bulevar que une San Pedro Sula con Puerto Cortés y otras rutas alternativas, lo que generó pérdidas económicas y alteraciones en la logística local.
La caída de Koriun Inversiones dejó a cientos de familias en incertidumbre.
Sus operaciones se calificaron por el Ministerio Público como “un esquema piramidal que pone en riesgo la economía del país” y, pese a la intervención de las autoridades y que hallaron más de L420 millones en las sedes, no existe un plan claro de devolución de los fondos.
