Exigen liberación de hondureña presa por remodelar su casa
Además, a Lucía Matamoros se le impuso una multa de 234,056.71 lempiras. Sus vecinos y familiares han protestado por su liberación
- 17 de mayo de 2025 a las 15:27 -
Carmen Lucía Matamoros Hernández, de 62 años, fue arrestada y sancionada económicamente tras haber realizado remodelaciones en su vivienda ubicada dentro del casco histórico de Catacamas, Olancho.
Su familia exige justicia y solicita su liberación inmediata.
Los hechos ocurrieron en 2020, cuando Matamoros decidió intervenir su vivienda ante el deterioro visible que amenazaba con provocar un colapso. P
ara evitar riesgos, la mujer demolió el 50% de la fachada y procedió a reconstruir parte del inmueble con materiales como concreto, lámina de zinc y ladrillo rafón.
Sin embargo, al tratarse de una edificación ubicada en una zona protegida por su valor histórico, las autoridades determinaron que las remodelaciones se hicieron sin autorización del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), lo cual constituye una violación a la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación.
Según los registros del Ministerio Público, la vivienda ya había sido alterada cuando personal del IHAH llegó a inspeccionarla.
Para ese momento, la nueva estructura ya estaba edificada sin los permisos ni el aval técnico que exige la normativa para obras dentro de zonas patrimoniales. Las reformas incluyeron cambios estructurales importantes, como la construcción de paredes internas y la sustitución del techo, lo que, de acuerdo con el informe oficial, comprometió elementos originales del inmueble histórico.
La propiedad se encuentra en un área clasificada como de interés cultural, lo que impone restricciones legales a cualquier intervención arquitectónica. Las autoridades señalaron que las modificaciones afectaron la integridad patrimonial del lugar y representan un atentado contra la conservación del acervo histórico municipal.
Como resultado del proceso judicial, Matamoros fue condenada a tres años de cárcel, al pago de una multa de 234,056.71 lempiras y a la inhabilitación para ejercer cargos públicos. La ley contempla sanciones que pueden incluir hasta dos millones de lempiras y penas privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del daño causado.
Efraín Herrera, presidente del patronato del barrio La Cruz, cuestionó el tratamiento del caso y pidió una revisión de la normativa aplicable al casco histórico. Afirmó que el alcalde prometió buscar una solución legal con el apoyo de un equipo jurídico para brindar respuestas a la familia de la condenada.