Bienes a nombre de Ana García, Hilda Hernández y su madre le incautan a JOH

El Ministerio Público, a través de varias de sus divisiones, está impulsando acciones para la privación definitiva de dominio sobre 131 bienes de origen ilícito, inscritos a nombre del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado, su esposa Ana Rosalinda García Carías, y otras personas de su círculo cercano.

Los bienes en cuestión incluyen 32 inmuebles, 19 sociedades mercantiles y 80 productos financieros, localizados en los departamentos de Francisco Morazán, Olancho y Lempira.

”... cuyos titulares de derecho, además del exmandatario y su esposa, son su madre María Elvira Alvarado Castillo, sus hermanos, Hilda Rosario (fallecida), Aixa Marlene y Juan Antonio Hernández Alvarado, también figura su otro hermano José Amílcar Hernández Flores y otros parientes”, dijo el MP.

Estas acciones son parte del trabajo de una comisión especial integrada por fiscales y detectives de la FESCCO, UF-ADPOL y DLCN.

Esta comisión ha estado recopilando y analizando información durante el juicio de 14 días del expresidente Hernández Alvarado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, que culminó con una declaratoria de culpabilidad por tres cargos.

El Ministerio Público ha vinculado a Hernández Alvarado con personas relacionadas con el narcotráfico, con quienes tuvo relaciones transaccionales financieras y de constitución de sociedades.

Como parte de la acción de privación de dominio, se están realizando inspecciones a 19 inmuebles asegurados.

Hernández, que espera ahora a que el juez Kevin Castel dicte su sentencia, se convertirá así en el mandatario latinoamericano de mayor rango condenado por narcotráfico tras el caso del panameño Manuel Antonio Noriega, sentenciado en 1992 en un juzgado de Florida a 40 años de cárcel por sus conexiones con el cartel de Medellín colombiano.

El cargo de “conspirar para importar cocaína” conlleva una sentencia de entre 10 años y la perpetuidad; el de “usar y portar ametralladoras y otros dispositivos destructivos” para introducir droga se castiga entre 30 años y la perpetuidad; y el de “conspirar para usar y portar ametralladoras” para la importación de droga también tiene una pena máxima de perpetuidad.

La Fiscalía sostenía que la actividad narcotraficante de Hernández no se limita a sus dos mandatos presidenciales, sino a toda su carrera política desde al menos 2004, un tiempo en el que utilizó sus cargos públicos, “así como la Policía y el Ejército” para apoyar a las organizaciones de narcotráfico de Honduras, México y otros lugares.

Aunque durante el juicio no vieron pruebas concluyentes -en forma de videos, audios o comunicaciones interceptadas- que incriminen a Hernández, de 55 años, el jurado quedó convencido por los testimonios aportados por notorios narcotraficantes que han declarado contra él después de haberse declarado culpables ante la Justicia estadounidense, presumiblemente en busca de beneficios carcelarios.

El Ministerio Público ha dijo que va a seguir las líneas de investigación abiertas a raíz de la información obtenida durante el juicio en Nueva York.