Después de varios meses de espera, el Congreso Nacional aprobó el Presupuesto General de la República 2023 por un monto de L392,519,733,991, ni un centavo más ni un centavo menos, tal como lo envió la Secretaría de Finanzas el año anterior, lo cual supone una victoria para el Poder Ejecutivo.
En una sesión que se prolongó hasta la madrugada del jueves y en la cual participó la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, el Congreso aprobó en un único debate ese presupuesto, con una asignación de L234,540,861,671 para la Administración Centralizada (AC) y 157,978,872,320 para Administración Descentralizada (AD).
Tras la aprobación, políticos y algunas organizaciones, como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), criticaron el procedimiento empleado por el Congreso Nacional y el saldo que gastará la administración pública porque equivale al 47% del producto interno bruto (PIB).
Con ese porcentaje, según análisis de la ASJ, el presupuesto de Honduras es el más alto de la región, donde los Gobiernos funcionan con saldos inferiores al 27% del PIB.
Para saber
Reducción en educaciónLa asignación a educación pasó de 16 % a 10 % respecto al presupuesto total, según ASJ.
Pero a juicio de Hugo Noé Pino, presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso Nacional (CN), el presupuesto es un instrumento con limitaciones y sin espacios para agregar requerimientos presentados durante la socialización realizada en los últimos tres meses y medio.
“Realmente el proceso de socialización del presupuesto 2023 fue muy amplio (...), muy completo”, dijo Pino.
Después del 14 de septiembre del año anterior, cuando la Secretaría de Finanzas presentó el anteproyecto al Congreso Nacional, “se continuó con 38 audiencias públicas y 148 horas de trabajo”, tiempo durante el cual la comisión recibió sugerencias y críticas no solo de instituciones del Gobierno, sino que con sectores de la sociedad civil, explicó el parlamentario.
Aclaró que algunas observaciones, “por tratarse de un presupuesto con serias limitaciones, pues obviamente no se pudieron cumplir”.
En el proceso de socialización, las entidades del Gobierno y sectores sociales solicitaron que agregaran asignaciones que la comisión contabilizó en cerca de L30,000 millones adicionales, que no incluyeron porque “no se está en capacidad de poder atender”.
Del 100% del presupuesto de la Administración Centralizada, las secretarías de Estado absorben el 60% (L139,664,464,666), el pago de deuda pública y servicios financieros el 28% (L 66,772,694,540), instituciones desconcentradas 7% (L17,425,923,238), órganos constitucionales 5% (L 10,512,779,227) y otros entes menos de 1% (165,000,000).
En el segmento de las secretarías de Estado, los Ministerios de Educación, con L 38,109,509,221 (27%); Salud, con L26,638,801,518 (19%), y Energía, con L21,895,464,176 (16%), son los que tienen mayor asignación.
Entre las tres entidades tienen el 62%.Mientras del 100% del presupuesto de la Administración Descentralizada, los Institutos de Previsión y Seguridad Social absorben el 42% (L66,470,175,358), las empresas públicas el 41% (L64,185,003,755), instituciones financieras bancarias y no bancarias 9% (L14,171,323,518), universidades nacionales 5% (L 7,224,575,492), institutos autónomos 2% (L 3,480,724,014) y el Hospital Escuela 1% (L2,447,070,183).
En la sesión del Congreso, José Tomás Zambrano, jefe de la bancada del Partido Nacional, llamó al partido en el gobierno, a Libertad y Refundación (Libre), que “después de un año de haber tenido el presupuesto más alto” debe “dejarse de excusas” y “responderle al pueblo, no con engaños y mentiras”.
Zambrano dijo que los diputados del Partido Nacional apoyaron “sin condiciones” la aprobación del presupuesto de 2022, pero en un año vieron “mucha incapacidad en la ejecución” y hoy observan un presupuesto que tiene un incremento de L112,000 millones, lo cual, según él, obligará al Gobierno a “seguir sangrando las reservas internacionales”, contratando más deudas e imponiendo nuevos impuestos.
“Nosotros ya les entregamos un primer cheque en blanco para 2022, pero en esta ocasión no estamos para acompañar más compras directas, que espero que las hayan eliminado del dictamen, porque sí tenían compras directas desde el mes de abril para todas las dependencias del Estado”, criticó.
La ministra Moncada salió a la defensa de la propuesta del Gobierno y le dijo a Zambrano que “este presupuesto, como está estructurado, es para responder mínimamente a la demanda” del pueblo hondureño.
El 53% (L206,386,530,009) de los gastos de la administración pública serán financiados por el tesoro nacional, el 35% (L130,374,009,907) con recursos propios, el 13% (L52,556,143,101) con fuentes externas y el 1% con crédito interno (L3,203,050,974).
Horas después de ser aprobado el presupuesto, Maribel Espinoza, diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), denunció que Libre mostró “una conducta incorrecta” porque le entregó la versión final del proyecto hasta las 4:00 pm del miércoles.
ASJ, capítulo de Transparencia Internacional, fustigó al Congreso Nacional porque “en el silencio de la madrugada, siguiendo prácticas del pasado, sigue aprobando decretos de interés nacional”.
En un comunicado expresó, además, que “el aumento del presupuesto para 2023 es inconsistente con la realidad nacional. El presupuesto general de Honduras es el más grande en Centroamérica, representa el 47% del producto interno bruto (PIB), mientras que en el resto de países de la región es menor al 27%. En otras palabras, la mitad de lo que produce el país es absorbido mediante un instrumento que no ha dado resultados en la reducción de la pobreza y la desigualdad”.
Además
Presupuesto Enee. ASJ advierte que la Enee tiene la asignación presupuestaria más alta de la última década.
Fondo departamental. Entre tanto, la diputada nacionalista Merary Díaz dijo que “en madrugón Libre y alianza aprobaron nueva modalidad de Fondo Departamental para complacer solicitud de diputados por L950 millones”.
“Ahora, los colectivos de Libre tendrán personería jurídica, podrán ejecutar proyectos, tal como está establecido en el presupuesto aprobado ayer por Libre y aliados para beneficio de los diputados”, aseguró.
Diputados de la oposición que no votaron a favor de la aprobación aseguran que el artículo 292 del decreto reactiva el criticado Fondo Departamental.“Se autoriza una asignación presupuestaria de hasta L195 millones para el desarrollo de infraestructura menor y obras sociales a petición y en beneficio de las Comunidades, Patronatos, Asociaciones, Alcaldías, Juntas de Agua, Cajas Rurales, entre otros”, manifiesta el artículo, según explicaron parlamentarios.
Advirtieron, además, que los diputados oficialistas reactivaron los gastos de representación para las diferentes instituciones del Gobierno.
