SAN PEDRO SULA. Aunque las cotizaciones del petróleo, alimentos y materias primas bajen en el mercado internacional, los hondureños, por mucho tiempo, continuarán condenados a pagar altos precios por la canasta básica, mientras el Gobierno no corrija malas prácticas en algunas de sus instituciones, también en el ámbito privado y elimine barreras que impiden la facilitación del comercio.
La Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia (CDPC), en el informe “Estructuras de mercado de los principales productos de la canasta básica”, presentado esta semana al Congreso Nacional, revela que desde intereses privados, pasando por una infraestructura deficitaria, hasta acciones que riñen con la ética en entidades estatales ocasionan alzas en los precios de los productos.
CDPC ha identificado distorsiones que “pueden proteger, beneficiar o dar ventajas a determinados productores, distribuidores o consumidores, y pueden provocar perjuicios de diversa índole para la competencia”.
“Algunas de las barreras más dañinas que afectan a la competencia son generadas por las asociaciones comerciales o industriales, que imponen regulaciones que favorecen a ciertos participantes y que excluyen a los nuevos entrantes. En muchos países alrededor del mundo, las asociaciones industriales cabildean ante los Gobiernos para promover políticas y leyes que benefician los intereses de sus miembros”, plantea el informe.
Esa institución argumenta que “el alto costo del transporte y la lentitud con que se moviliza el transporte terrestre de carga también contribuyen a impedir que los países de la región aprovechen plenamente el potencial de la integración económica y la facilitación del comercio como instrumentos para incrementar su productividad y elevar el bienestar de los ciudadanos”.
Las investigaciones realizadas le han permitido a esa institución observar que “los precios de muchos de los ‘commodities’, incluyendo los no agrícolas como el petróleo, no se reflejan en los mercados nacionales a la velocidad con que cambian en el mercado internacional, principalmente cuando estos tienden a la baja”.
Según esa organización, entre las principales barreras que limitan la competencia en el sector alimenticio se encuentran algunas prácticas no éticas de parte de funcionarios de instituciones gubernamentales.
15%
Inflación (alimentos)En el informe, esa Comisión dice que la inflación de los alimentos alcanzó un 15% a junio del presente año.
Cita como ejemplo que en “el proceso para el registro de nuevos fertilizantes y pesticidas, incluyendo las versiones genéricas, se consideran como un trámite particularmente engorroso y largo, y ha resultado en atrasos significativos en la entrada de nuevos productos al mercado. La discreción oficial dentro de los ministerios de salud también permite que los funcionarios traten a algunas compañías selectas de manera más favorable, permitiendo que dichas empresas completen el proceso de registro más rápido que otras”.
Los consumidores se verían beneficiados con la eliminación de estas y otras barreras identificadas por CDPC; sin embargo, demorará muchos años, pues “estos efectos nocivos para la competencia podrían generarse, incluso, por leyes, regulaciones, reglas de operación o políticas públicas que, buscando determinados objetivos (...) podrían provocar daños colaterales para la libre competencia”.
Para reducir los precios de los productos de la canasta básica, esa institución le recomienda al Gobierno reducir o agilizar los tiempos de espera de los barcos que atracan en Puerto Cortés, establecer mecanismos de competencia entre los transportistas, dar prioridad a un plan de inversión para el desarrollo de la infraestructura, garantizar el cumplimiento de los horarios de atención de todas las instituciones que prestan servicios en los puestos fronterizos y otras acciones estratégicas.
