Diputados, miembros de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa y el Instituto de la Propiedad concluyeron que el titular de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, Armando Sarmiento, debe responder ante el Congreso Nacional por la aprobación del cobro de propiedad vehicular.
La tasa aprobada mediante decreto ejecutivo en mayo de 2008 impone el pago de 500 a 3 mil lempiras por el registro de propiedad de cada automotor que circula en el país, incluyendo de alquiler, privados y estatales.
Este tema es discutido desde hace varias semanas por organizaciones públicas y privadas y ahora la comisión del CN encargada de este asunto exigió a Sarmiento su comparecencia ante el Poder Legislativo.
Toribio Aguilera, diputado del Pinu, dijo que 'la reforma del decreto no depende de nosotros en el Congreso Nacional, porque lo autorizó el Poder Ejecutivo; sin embargo, pedimos que Armando Sarmiento se presente ante el pleno para dar explicaciones del asunto'.
Agregó: 'Este cobro es una tasa, no un impuesto, entonces el Congreso no puede modificarlo, únicamente el Presidente lo puede hacer, pero queremos saber por qué la DEI le dio este traspaso a la Cámara'.
Firmado y publicado
El contrato establece que entrará en vigencia en 2009 y caducará en 2010, aunque establecen condiciones de que se podrá prorrogar hasta 2014, ya que el nuevo gobierno tomará la decisión.
Durante la gestión del actual presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Amílcar Bulnes, al frente de la Ccit se aprobó que esta dependencia obtuviera el 20 por ciento de ingresos sobre el costo de operación del registro vehicular. Los demás recursos provenientes del pago que realizarán los propietarios de vehículos, que va desde 300 lempiras para motocicletas y de 500 hasta 3 mil lempiras para los carros del año, serán utilizados por el Instituto de la Propiedad.
Con esta reunión solicitada por los diputados y en la que se llegó al acuerdo de escuchar las explicaciones de Sarmiento, los propietarios de vehículos en Honduras no tendrían más que apegarse a las obligaciones del decreto de propiedad de sus autos; de lo contrario estarían obligados a pagar las multas, que no han sido detalladas por la Cámara de Comercio.
