Tras el anuncio por parte del Gobierno de retomar las conversaciones para determinar un ajuste del salario mínimo -con ocho meses de restraso- han vuelto a provocar los señalamientos sobre la necesidad de equilibrio en la decisión para evitar un efecto negativo en la economía nacional.
El director de Foro Social para la Deuda Externa y el Desarrollo de Honduras, Mauricio Díaz Burdett, estimó que “un aumento de 100 lempiras en el salario mínimo de cada trabajador del sector público significará para el Gobierno una carga indexada de 2,700 millones de lempiras”, por lo que el ajuste debe hacerse bajo un análisis serio, no sólo por el creciente déficti y gasto corriente que ya enfrenta el Gobierno, sino también por los compromisos que se están asumiendo con el Fondo Monetario Internacional, que ha pedido -en todas sus visitas al actual Gobierno- reducir el gasto en sueldos y salarios.
El ex ministro de Finanzas, Arturo Alvarado, también ha señalado el fuerte impacto que generaría un aumento desmedido; tal como lo ocasionó el establecido por el ex presidente José Manuel Zelaya Rosales, y que generó parte de los 200,000 despidos registrados en 2009 debido a la incapacidad de las empresas de pagar el ajuste, situación que incluso hoy continúa.
El viceministro del Trabajo, Carlos Montes, dijo que la decisión de reiniciar las negociaciones fue tomada tras una reunión entre el presidente, Porfirio Lobo, el ministro de Trabajo, Felícito Ávila, y representantes de los trabajadores del sector público y el de salud.
“El lunes 30 de agosto se van a reiniciar las conversaciones; eso no quiere decir que ese día se va a fijar”.
El Gobierno también intentará un nuevo acercamiento entre empresarios y trabajadores y según el viceministro, esta semana se harán los acercamientos con la empresa privada y luego con los líderes de las organizaciones laborales.
“Estas reuniones se han hecho con los sectores de forma separada porque son diferentes aspectos a analizar, porque no es sólo el sector productivo que pide una fijación de salario mínimo, también la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras y todos esos aspectos deben ser concertados en función de los datos que genera el Estado en relación al aspecto económico del país”, aclaró.
