De acuerdo a la Fiscalía, Batres y otros seis acusados forman parte de una red de corrupción, que entre marzo y septiembre de 2014, defraudó al Estado por más de 7.8 millones de lempiras, mediante la adjudicación irregular y fraudulenta de nueve contratos de consultorías y diseños de software orientados a la automatización de procesos para la vigilancia, fiscalización y control del Marco Normativo en Salud.
