Entre los bienes que el Ministerio Público solicita su confiscación definitiva figura una lotificadora que consta de más de 400 lotes de terrenos, ubicada en la ciudad de Nacaome, en el sureño departamento de Valle, fronterizo con El Salvador.
Específicamente, las diligencias están orientadas a determinar si se cometieron delitos de malversación de caudales públicos, fraude y violación de los deberes de los funcionarios, tal y como reza una denuncia en poder del Ministerio Público y que además incluye otros millonarios fideicomisos en la Secretaría de Seguridad, el Instituto de la Propiedad de la administración anterior.