La fiscal hondureña Francia Sofía Medina, detenida por presuntamente sustraer 88,6 millones de lempiras (3,6 millones de dólares) que el Banco Central de Honduras mantenía guardados como evidencias, fue enviada a prisión, informó este viernes una fuente judicial.
Medina compareció la noche del jueves ante un juez de Letras Penal con Jurisdicción Nacional en una audiencia de declaración de imputado y fue enviada a la Penitenciaría Femenina de Adaptación Social, situada unos 25 kilómetros al norte de Tegucigalpa, indicó el poder Judicial en un comunicado.
La juez impuso la detención judicial a Medina y decretó la reserva del caso a petición de la Fiscalía, señaló el Supremo hondureño, que precisó que la detenida comparecerá el próximo domingo en una audiencia inicial.
La mujer es acusada de lavado de activos, abuso de autoridad y sustracción, destrucción, ocultación o inutilización de documentos en custodia, según un comunicado del Ministerio Público de Honduras.
Medina, quien estuvo asignada a la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) en San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante de Honduras, fue detenida el miércoles supuestamente por sustraer la millonaria suma de dinero.
Según la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), Medina retiró 88,6 millones de lempiras en los últimos dos años “sin haber comunicado a las autoridades superiores del Ministerio Público”.
La fiscal estaba incapacitada por estrés laboral desde julio pasado, pero había solicitado en dos ocasiones “más devoluciones (de dinero)” al Banco Central de Honduras, las cuales fueron “entregadas sin seguir los procedimientos administrativos” porque ella “ya no era fiscal de la Fescco”.
El Ministerio Público solicitó una explicación sobre la devolución del dinero al Banco Central de Honduras, institución que indicó que cuenta con la documentación que respalda los depósitos y retiros en garantía solicitados por las fiscalías autorizadas.
Ante este caso, el Ministerio Público anunció un proceso de “depuración” de fiscales, agentes y otros empleados de la institución que se dediquen a “cometer hechos delictivos”, ya que “no se permitirá más corrupción” en el organismo acusador del Estado.
