Chimbos de gas LPG hasta con ocho libras menos que la cantidad debida (25 libras) encontraron ayer las autoridades encargadas de los operativos en gasolineras sampedranas en su primera inspección. En total, cinco estaciones fueron supervisadas.
Además de esto, a principios de noviembre se sabrá si los combustibles de dichas estaciones son adulterados, como han denunciado ya decenas de consumidores. Se tomaron muestras de los tres tipos de combustibles a la venta (súper o premium, regular y diésel) y fueron llevados a los laboratorios de la Enee en Tegucigalpa donde, en dos semanas, harán oficiales las conclusiones.
Las autoridades de la Secretaría de Industria y Comercio, la CAP (Comisión Administradora del Petróleo) y la Dirección General de Protección al Consumidor inspeccionarán este jueves y viernes todas las gasolineras de la ciudad con el fin de constatar que estén vendiendo las cantidades correctas y que su combustible no esté adulterado por ningún otro químico.
Ayer hicieron los operativos en cinco abastecedoras de gasolina, cuyos nombres omitieron las autoridades.
Hoy continuarán en al menos 10 más, sin previo aviso.
La inconformidad de los sampedranos por el cambio de medidas de combustibles generó tal malestar que las investigaciones continuarán no solamente en la capital industrial, sino en otros municipios de Cortés, que tampoco se anunciarán.
Jorge Beltrán, coordinador noroccidental de la Secretaría, dijo que solo lograron la inspección en cinco estaciones porque mientras analizaban el gas LPG encontraron que, de 24 chimbos a la venta, solo cuatro tenían la cantidad correcta de gas.
Joaquín Ochoa, representante de la CAP, sostiene que aunque la gasolina súper esté adulterada el daño es menor; si la regular y el diésel presentan otros químicos, sí habría serios daños en el motor de los vehículos y representaría graves pérdidas para los consumidores.
Sanciones
Al terminar los operativos harán oficiales las irregularidades más notorias en las gasolineras y de inmediato actuarán “según las leyes del país”.
Así lo confirmó Rufino Osorto, encargado de pesas y medidas de Protección al Consumidor. “La Ley de Protección al Consumidor afirma que las penas andan entre 1 y 1,000 salarios mínimos, en función de la capacidad del negocio y la gravedad de la falta. Si se constatan las irregularidades, los negocios serán sancionados sin contemplación alguna”, sentenció Osorto.
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