El actual gobierno, en los inicios de su gestión, hizo frente a las crecientes protestas populares, motivadas por diversas causas: pésimo estado de carreteras y caminos de acceso, cortes frecuentes y prolongados en el suministro de energía eléctrica, desabastecimiento por días y semanas de agua potable, no atención en centros hospitalarios e inexistencia de medicamentos básicos, entre otras, con mesura, sin optar por utilizar la fuerza para disolverlas, más bien dialogando con los y las protestantes, a efecto de convencerlos que sus demandas serían solucionadas, lo que ofrecía una imagen positiva de las autoridades, en contraste con lo ocurrido durante la administración anterior, en que la violencia prevalecía sobre la razón, en la mayoría de ocasiones, como método expedito para disolverlas.
No obstante, y de manera creciente, las fuerzas policiales han actuado, abiertamente, con procedimientos coercitivos, particular, pero no exclusivamente, cuando son ocupadas vías públicas. Algunos ejemplos recientes: el desalojo violento de pacientes renales, varios de ellos en sillas de ruedas, exigiendo la prestación del servicio especializado por de manera pronta, teniendo en cuenta que caso contrario, su vida esta en peligro.
No deben olvidarse los artículos constitucionales incorporados en el Capítulo II, De los derechos individuales que textualmente reza: “Se garantizan las libertades de asociación y de reunión...”, y “toda persona tiene derecho de reunirse con otras, pacíficamente y sin armas, en manifestación pública o en asamblea transitoria, en relación con sus intereses comunes de cualquier índole, sin necesidad de aviso o permiso especial...”.
Tanto la Policía Nacional como la Militar deben contar con negociadores debidamente entrenados para conducir negociaciones con manifestantes, antes de ordenar la utilización de procedimientos violentos, que pueden conducir a heridas y muertes, mismas que deben ser evitadas a toda costa, tanto para la protección de los manifestantes como de los integrantes de las fuerzas del orden.
Únicamente en casos extremos, previas provocaciones y agresiones, es que debe apelarse, siempre en último recurso, con el uso de la fuerza, evitando acusaciones valederas de brutalidad policial, propia de regímenes autoritarios de espaldas a las necesidades, requerimientos y aspiraciones de los gobernados. La soberbia y prepotencia conducen a callejones sin salida, agravando y no resolviendo la protesta social, que con el correr de los días tiende a generalizarse a lo largo y ancho del país. El diálogo y la concertación continúan siendo los recursos útiles, efectivos y convenientes para desactivarla, lo que requiere una actitud de flexibilidad y humanidad.
