Los recursos liberados, por el “alivio fiscal”, se destinarían a la prevención y mitigación de daños por la irregularidad en el clima con arrasadoras sequías y perniciosas inundaciones, afectando extensas áreas cultivadas, en las que se cifra la seguridad alimentaria de la población hondureña.
La propuesta puede calificarse de racional y justa, pero hay factores del ayer y del hoy que se atraviesan y ponen en duda o en franca negativa una respuesta. De momento fue presentada en un foro mundial y dirigida a organismos internacionales de crédito, con los que mantiene Honduras una pesada carga, y a países y Gobiernos asiduos y generosos cooperantes.
La apelación al derecho no es caprichosa ni ficticia, pues los grandes contaminadores, plenamente identificados y señalados, subordinan la salud del planeta al auge de la economía, al dominio de los mercados internacionales y a un ilimitado consumismo con alto costo en los recursos naturales. Ellos debieran ser los primeros en proteger, defender y ampliar las “fábricas” de oxígeno y limitar con efectividad, no con palabras, la emisión de gases nocivos a la atmósfera.
Tres son, sin embargo, los importantes obstáculos que, de inmediato, se presentan y sobre los que habrá que mostrar estrategias inteligentes para el éxito de la iniciativa. Honduras es un país pequeño, con muy escasa incidencia en la crisis climática, tanto en su agravamiento como en su solución, aunque sus consecuencias son graves por la fragilidad de las instituciones, débil economía y elevado índice de pobreza.
La imagen de nuestro país en el tema de la corrupción y de la impunidad es negativa. La primera se refleja en la administración de los recursos públicos y la segunda va recuperando espacios como armadura para políticos y funcionarios.
Aunque las comparaciones son odiosas y el pasado es pasado, todavía la comunidad internacional recuerda la condonación del milenio, cuyos recursos liberados debieron ser el motor de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza, pero se diluyeron en el gasto corriente, aumento del aparato gubernamental. Pedir, dice la sabiduría popular, es fuerza, dar es voluntad. Que se complementa con el dicho de las abuelas, “contra el vicio de pedir, la virtud de no dar”.