Todo funcionario (a) público (a), cualesquiera sea su posición y jerarquía, está expuesto (a) a ser criticado (a) en el desempeño de su cargo, su rendimiento, transparencia y rectitud en el manejo de fondos.
El derecho a la replica debe estar fundamentado en pruebas documentales que permiten refutar y/o aclarar, según sea el caso. Lo que no debe emplearse, bajo ningún concepto, es la amenaza, abierta o velada ni el lenguaje soez, aquella y este, reservado para quienes, a falta de argumentos sólidos, convincentes, persuasivos, deben recurrir al infundio, al ser incapaces de defender racionalmente sus actuaciones y ejecutorias, revelando los niveles de intolerancia.
Cuando un gobierno no es tolerante de la crítica constructiva demuestra el carecer de hechos objetivos que aclaren y desmientan.
Olvidan que han llegado a ocupar sus puestos para servir a la ciudadanía, no para servirse de ella.
La arrogancia del poder los obnubila.
Estas reflexiones vienen al caso con motivo de los señalamientos -debida y previamente investigados-, formulados por el Consejo Nacional Anticorrupción, respecto a actuaciones irregulares de jerarcas del actual gobierno, tanto por abuso de poder como por cohecho.
La reacción oficial ha sido visceral, iracunda, sin haber podido refutarlos, afirmando que las Naciones Unidas actúan de manera sesgada y parcializada al respaldar a la titular del CNA, Gabriela Castellanos, que ha contado con apoyos diversos procedentes de la sociedad civil, medios masivos de comunicación, la academia y organizaciones populares.
Ella debió abandonar Honduras, junto a su familia, como medida de seguridad preventiva, a efecto de impedir daños a su integridad física y la de sus parientes. La semana pasada retornó al país, sin haber logrado ser intimidada, si ese era el propósito de las amenazas anónimas. Por el contrario, ha reiterado su compromiso con la verdad y la ética. La afirmación que esta honorable y valiente dama solamente denuncia al actual gobierno y no a los precedentes, no es válida. Por igual, con total objetividad, se han señalado actos ilícitos tanto de esta administración como de las anteriores, con acopio de documentación de respaldo que apuntala su yo acuso. El vivir en un sistema que aspira a ser funcionalmente democrático implica la capacidad no solo de admitir yerros, también la voluntad política de rectificarlos de manera total y puntual.
