Vivimos tiempos de sensibilidad a flor de piel, de percepciones alteradas por una situación compleja, que ha acentuado grandes problemas preexistentes y sin duda despertará algunos nuevos. Quizá una de las más dolorosas lecciones aprendidas es que no debemos postergar la discusión y sobre todo, la solución de aquellos temas que nos afectan de manera colectiva.
Quizá uno de los mayores problemas con los que hemos convivido es la fragmentación de la sociedad hondureña en grupos que no se identifican entre sí; tal vez nos hemos enfocado desde hace mucho tiempo en encontrar las diferencias, por encima de aquello que nos une.
La falta de noción del bien común nos ha traído hasta aquí en las condiciones menos apropiadas para hacer frente a los efectos de la pandemia por covid-19. Hemos sido tremendamente permisivos, con algunas excepciones, convertidas en las escasas voces institucionales que señalan las equivocaciones recurrentes.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) han hecho la labor de evidenciar los temas relevantes que afectan la vida del país, no solamente ahora, sino desde hace varios años, y que sin duda seguirán marcando el futuro de nuestra población.
Una y otra vez han demostrado, argumento en mano, el porqué de sus señalamientos, eventualmente acompañados por otras organizaciones. La alarma por la reducción del presupuesto nacional en Salud y Educación, la preocupación por el subempleo creciente, la falta de participación de diversos sectores en la discusión del Nuevo Código Penal, son algunos ejemplos.
Como sociedad hemos pospuesto muchos temas relevantes, a fuerza de novedades que acaparan la atención cada cierto tiempo. Nos acostumbramos al incumplimiento de promesas de respeto a la Constitución y las leyes, tanto así que ya no nos asombra, aunque nos afecte.
Ante esta situación compleja debemos reconocer y aprender que las situaciones relacionadas con la gobernabilidad y con el sistema democrático en el que prevalezca el respeto a la legalidad no deben posponerse, ni subestimarse nunca, porque tarde o temprano pasarán factura, a todos por igual aunque quizás en distinta dimensión, de acuerdo con el papel que cada uno desempeña en la sociedad.
Hoy hemos podido darnos cuenta de la relevancia de impulsar la meritocracia especialmente para optar a cargos públicos; que la idoneidad de las personas que ocupan los cargos de más alta toma de decisiones pasa por los conocimientos en la materia, tanto como por su ética.
Cuando reclamamos transparencia y rendición de cuentas estamos clamando por la puesta en práctica de valores que muchas veces hemos dejado de lado, tanto para exigirlos como para aplicarlos en la vida práctica.
Ahora nos molesta, porque es más evidente, que los impuestos no se traduzcan en servicios dignos para la población; nos inquieta que a todos nos pidan “hacer un esfuerzo” o ser más solidarios, cuando muchas de las instancias públicas han sido incapaces de cumplir con su mandato principal.
La confusión impera, con estadísticas nocturnas presentadas como si fueran actuales, pero que sabemos que corresponden a hace varios días; con explicaciones absurdas sobre compras millonarias, mientras las historias cercanas nos hablan de experiencias dolorosas en centros hospitalarios, donde las carencias sobran.
Aquellos temas eran relevantes. Hemos tenido una lección terrible, que debemos aprender para no repetir, para exigir y hacer valer los derechos que tenemos como ciudadanos de este país, con sentido de corresponsabilidad, antes de que sea demasiado tarde.
