San Salvador, El Salvador
El fenómeno del desplazamiento forzado por la violencia de las pandillas en El Salvador requiere un 'abordaje integral' urgente por parte del Gobierno, porque las instituciones no atienden a las víctimas, aseguró este lunes la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero.
Existe la 'necesidad urgente del tratamiento integral de la problemática' de los éxodos por amenazas de pandillas porque las familias que huyen 'no son atendidas', dijo la titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en una entrevista televisiva.
Este señalamiento se suma al de diferentes organizaciones de la sociedad civil que acusan al Estado de desconocer el fenómeno y de buscar 'sacudirse' la obligación de atender y proteger a las víctimas.
El único ente estatal en reconocer y registrar los éxodos por la violencia de pandillas y, en menor medida, el acoso policial es la PDDH desde la administración de David Morales (2013-2016).
Caballero aseguró que la PDDH recibe 'a diario familias que se ven obligadas a abandonar su territorio', por lo que convocó a los titulares del Ministerio de Seguridad, Policía, Salud, Educación y municipios a una reunión el 3 de noviembre próximo para discutir el fenómeno y que 'asuman su rol'.
La procuradora ejemplificó el papel jugado por los entes gubernamentales en el tema con el caso ocurrido con unas 25 familias de la localidad de Caluco, en el occidente salvadoreño, en el que 'no se había tomado en serio el problema'.
En los últimos meses, al menos 80 familias han tenido que huir de sus hogares por amenazas de las pandillas, incluso en la capital del país centroamericano.
Trece organizaciones de la sociedad civil que abordan el problema registraron entre 2014 y agosto pasado un total de 234 casos de desplazamiento forzado con 1.019 víctimas, en su mayoría mujeres, adolescentes y niños.
Recientemente, el vicepresidente salvadoreño, Óscar Ortiz, restó importancia a un informe de Amnistía Internacional que 'explora el fracaso' de los Gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica en sus intentos de reducir la violencia y proteger a los desplazados y los deportados.
El Salvador integra junto a Honduras y Guatemala el llamado Triángulo Norte centroamericano, considerada una de las zonas más violentas del mundo debido tanto al aumento del narcotráfico y la presencia de aliados de los carteles mexicanos, como a la debilidad de las instituciones estatales, según Naciones Unidas.
'No podemos mandar un mensaje (de) que es un tema masivo', porque es un problema 'puntual' y 'tampoco estamos en Afganistán', aseguró Ortiz a mediados de septiembre. EFE
El fenómeno del desplazamiento forzado por la violencia de las pandillas en El Salvador requiere un 'abordaje integral' urgente por parte del Gobierno, porque las instituciones no atienden a las víctimas, aseguró este lunes la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero.
Existe la 'necesidad urgente del tratamiento integral de la problemática' de los éxodos por amenazas de pandillas porque las familias que huyen 'no son atendidas', dijo la titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en una entrevista televisiva.
Este señalamiento se suma al de diferentes organizaciones de la sociedad civil que acusan al Estado de desconocer el fenómeno y de buscar 'sacudirse' la obligación de atender y proteger a las víctimas.
El único ente estatal en reconocer y registrar los éxodos por la violencia de pandillas y, en menor medida, el acoso policial es la PDDH desde la administración de David Morales (2013-2016).
Caballero aseguró que la PDDH recibe 'a diario familias que se ven obligadas a abandonar su territorio', por lo que convocó a los titulares del Ministerio de Seguridad, Policía, Salud, Educación y municipios a una reunión el 3 de noviembre próximo para discutir el fenómeno y que 'asuman su rol'.
La procuradora ejemplificó el papel jugado por los entes gubernamentales en el tema con el caso ocurrido con unas 25 familias de la localidad de Caluco, en el occidente salvadoreño, en el que 'no se había tomado en serio el problema'.
En los últimos meses, al menos 80 familias han tenido que huir de sus hogares por amenazas de las pandillas, incluso en la capital del país centroamericano.
Trece organizaciones de la sociedad civil que abordan el problema registraron entre 2014 y agosto pasado un total de 234 casos de desplazamiento forzado con 1.019 víctimas, en su mayoría mujeres, adolescentes y niños.
Recientemente, el vicepresidente salvadoreño, Óscar Ortiz, restó importancia a un informe de Amnistía Internacional que 'explora el fracaso' de los Gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica en sus intentos de reducir la violencia y proteger a los desplazados y los deportados.
El Salvador integra junto a Honduras y Guatemala el llamado Triángulo Norte centroamericano, considerada una de las zonas más violentas del mundo debido tanto al aumento del narcotráfico y la presencia de aliados de los carteles mexicanos, como a la debilidad de las instituciones estatales, según Naciones Unidas.
'No podemos mandar un mensaje (de) que es un tema masivo', porque es un problema 'puntual' y 'tampoco estamos en Afganistán', aseguró Ortiz a mediados de septiembre. EFE
