Un artículo publicado por The Washington Post en el que se asegura que la ayuda que Estados Unidos ha dado durante una década a Colombia para el combate al narcotráfico y las guerrillas se ha usado para espiar y difamar a jueces y grupos opositores generaron un escándalo en el país andino.
El informe del diario estadounidense tiene lugar cuando la Cámara de Representantes de Colombia investiga la trama de escuchas y seguimientos ilegales que afectaron a magistrados, opositores, periodistas y defensores de derechos humanos durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).
“Este es un nuevo aspecto por el cual el expresidente tendrá que responder ante el congreso norteamericano”, señaló Iván Cepeda, de la Cámara y una de las víctimas de las escuchas ilegales hechas por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.
“Yo personalmente haré inmediatamente una acción para que congresistas de EUA tomen cartas en este asunto”, añadió Cepeda al anunciar que demandará en Estados Unidos a Uribe.
El artículo cita como fuente de sus informaciones a documentos policiales y fiscales y exfuncionarios de los servicios de inteligencia colombianos, sostiene que “las revelaciones implican la ayuda de EUA en atroces abusos de poder y acciones ilegales”.
Según el Post, esas acciones las ha llevado a cabo el Gobierno colombiano “bajo el disfraz de la lucha contra el terrorismo y el contrabando de drogas”.
Para el jefe del Partido Liberal Colombiano, Rafael Pardo, esas revelaciones aportan un nuevo actor al proceso de las escuchas y seguimientos ilegales.
Según Pardo, con dinero o no de Estados Unidos, este hecho “no lo hace más grave, pero sí enrarece el debate”.
Sin embargo, para el senador Juan Cristo, también liberal, lamentablemente el Gobierno de Uribe fue engañado por cuanto “se usaron recursos de Estados Unidos en actividades no tan santas”.
En opinión de Cepeda, “es muy grave que el dinero de los contribuyentes de EUA se esté utilizando para acabar con el prestigio de magistrados, periodistas y opositores políticos en Colombia”.
Según el congresista, con fondos estadounidenses, el DAS supuestamente compró equipos especiales para interceptar teléfonos que por órdenes del ejecutivo no fueron usados para los fines que se tenían previstos.
Cepeda cree que llega el momento en que Uribe “debe empezar a responder” ante instancias internacionales por las escuchas y seguimientos ilegales.
Uribe está acusado ante la Comisión de Investigación y acusación de la Cámara de Representantes de concierto para delinquir para desacreditar a la Corte Suprema de Justicia, abuso de poder e interceptación de comunicaciones.
