Los altos ejecutivos de Texaco dijeron a los funcionarios hondureños que no estaban en disposición de arrendar al Gobierno la terminal situada en Puerto Cortés, pero aseguraron que seguirán operando sus estaciones de servicio mientras lo permita la ley.
El miércoles anterior, el ministro asesor Enrique Flores Lanza, el empresario Arturo Corrales y un técnico se entrevistaron en El Salvador por separado con altos ejecutivos de Texaco, Dippsa y Esso.
Al Gobierno le interesa conocer cuál es la disposición de las transnacionales para vender en sus gasolineras el combustible importado por Conoco Phillips, la empresa ganadora de la licitación de combustibles.
Las transnacionales querían saber hasta cuándo se les permitiría importar los derivados de combustibles, la afectación gubernamental de las terminales y el impacto que tendrá en sus empresas los referidos cambios.
La comitiva se reunió con Edmon Echeverría, gerente general de ventas al detalle de Texaco El Salvador, y los más altos ejecutivos de la gerencia general de clientes industriales, el gerente regional de suministro y Luis Vega, gerente general de Texaco Honduras, así como otros ejecutivos.
Interés
Patricia Canessa, oficial de relaciones públicas de Texaco para Centroamérica y el mercado Andino, informó que en la reunión con Flores Lanza y Corrales se dejó claro que la firma estadounidense no tiene interés de alquilar esos activos, pero sí de distribuir el combustible proveído por Conoco Phillips.
Flores Lanza comunicó en conferencia de prensa la intención del Gobierno de utilizar las terminales de Texaco en Puerto Cortés mediante argumentos legales y constitucionales.
El Gobierno sabe que los más de 840 mil barriles de capacidad total que posee Dippsa en dos terminales situadas en Tela, Atlántida (Petrotela) y en San Lorenzo, Valle (Petrosur) no son suficientes para almacenar un inventario de 30 días.
El país dependería del suministro de carburantes importados de vecinos países en el caso de que afecte el ingreso de barcos petroleros debido al tránsito por la región de los recurrentes fenómenos tropicales.
Según Flores Lanza, al Gobierno le asisten esos argumentos amparado en el deber constitucional que tiene de velar por el bienestar público y otras normativas.
“Nos reservamos el derecho de ejercer nuestros derechos dentro de la ley. No quisiera hablar de demandas y de cosas tan feas, pero nos reservamos el derecho de tomar acciones para proteger nuestras inversiones en el marco de la ley”, dijo Canessa.
Para la portavoz de Texaco, la toma de ciertas acciones afectará el clima de inversiones de los empresarios actuales y potenciales en un futuro.
“Las presentes declaraciones son parte de la posición oficial de Texaco que surgió de la reunión con los funcionarios hondureños.
Fue una reunión bastante buena, en donde existió el diálogo y les reiteramos el interés de continuar conversando con el Gobierno sobre este tema”, dijo.
Recuento de los daños
Canessa indicó que con toda la información brindada por Flores Lanza comenzarán a evaluar el impacto que pueden tener las acciones del Gobierno en su operación e inversión.
Para la ejecutiva sería especular decir que las acciones efectuadas por el gobierno de Honduras tendrán un efecto dominó.
“Se debe preguntar a los funcionarios de los demás países de la región cuál será el impacto que tendrá en cada una de sus naciones y si quieren aplicar este tipo de medida. Mientras nosotros no seamos informados de manera oficial que se nos suspende la licencia de importadores, continuaremos operando y suministrado al país combustibles, como lo hemos venido haciendo desde hace más de 80 años”, indicó.
Texaco aún no tiene definido qué pasará con los inventarios de combustibles en Honduras.
Alejandro Alle, gerente general de Puma en El Salvador, expresó desconocimiento respecto a los resultados obtenidos en la reunión entre la compañías y los funcionarios hondureños.
Testigos piden salida de Corrales
Tegucigalpa. Los testigos de honor del proceso de licitación exigieron al Gobierno retirar a Arturo Corrales de las negociaciones con las transnacionales, efectuada en El Salvador.
Aunque en un principio circuló que anunciarían su retiro de la entidad, reflexionaron y sólo expresaron su inconformidad por la aparición de Corrales en las pláticas con la importadoras, ya que ha criticado abiertamente la subasta de energéticos, al decir que el ahorro de los derivados del petróleo es por el cambio en la fórmula de importación y no por la licitación.
Tras casi 10 horas de pláticas, con dos reuniones en distintos lugares, los testigos divulgaron un comunicado de prensa en el que plantearon sus demandas.
“Sin embargo, el Gobierno nombró a Arturo Corrales como mediador en las negociaciones que tuvieron con las transnacionales sin comunicárselo previamente a los testigos, haciendo caso omiso a lo que antes se había acordado de que esta comisión tenía que atestiguar todo este proceso de licitación”, dijo el padre Rafael Alvarado, uno de los notables.
Alvarado había sido propuesto para representar a los testigos de honor en las conversaciones. La última sesión se efectuó en el Ministerio de la Presidencia, hasta donde llegó el asesor legal del Gobierno, Enrique Flores, después de continuar el segundo día de conversasiones con las petroleras en El Salvador.
Las importadoras aceptaron la participación de Corrales, ex notable, como interlocutor válido para negociar, en vista de que no deseaban la participación del consultor de la licitación, Robert Meyering.
Otro punto que demandaron los testigos fue la aceleración por parte del Gobierno de la firma del contrato con Conoco Phillips para que las rebajas de ocho lempiras por galón de combustibles decretadas la semana anterior se mantengan.
“Corrales no tiene ninguna participación activa ni pasiva en este proceso”, dijo Flores Lanza.
