Unos 1,500 empleos en el sector de la extracción y comercialización de aceite de palma africana están en riesgo de perderse en el Bajo Aguán debido a las invasiones de las fincas, propiedad de Corporación Dinant.
Por segundo día consecutivo, los trabajadores se tomaron ayer la carretera CA-13, en la entrada a la ciudad de Tocoa y cerca de Honduras Aguán, en Trujillo, exigiendo al Gobierno de la presidenta Xiomara Castro que ordene los desalojos.
Las más de mil familias que dependen de esos puestos de trabajo no están laborando desde hace varios meses, ya que las propiedades están usurpadas por supuestos campesinos y amenazan con ser despedidos.
“No al desempleo, queremos trabajar, todos somos Dinat”. “Necesitamos nos escuchen”. “Necesitamos nos regresen nuestro trabajo”. Fueron algunos de los mensajes escritos en las pancartas que sostenían en manos las personas afectadas durante la protesta de ayer.
Claves
1_A la fecha se han perdido unos tres mil empleos por las invasiones. Además, han dejado unas 140 personas asesinadas en los últimos años.
2_Hace unos días hubo un enfrentamiento armado entre guardias de seguridad y campesinos, aglutinados a la cooperativa El Chile.
3_Según inversionistas de la palma africana, unos 1,370 millones de lempiras se pierden anualmente por la no cosecha de la fruta.
“Solo estamos pidiendo a la presidenta Xiomara Castro que atienda nuestro llamado. Necesitamos trabajar porque es nuestra fuente de ingresos y que haga los desalojos de esta gente lo antes posible”, manifestó a medios locales uno de los manifestantes.
El Gobierno central creó una comisión tripartita en febrero del año pasado, integrada por el ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, la Secretaría de la Presidencia, el alto comisionado de Derechos Humanos y abogados internaciones propuestos por la Plataforma Agraria.
La comisión tenía como punto toral analizar los títulos de propiedad que aseguran tener, tanto los inversionistas de la palma como los campesinos.
Esta comisión no tuvo el resultado esperado y la problemática se trasladó al Poder Ejecutivo para encontrarle una salida.Una fuente ligada al Gobierno dijo que “se está trabajando en los desalojos y que estos se pararon por las negociaciones con los campesinos”.
En la actualidad hay 19,596 hectáreas de fincas de palma africana invadidas por campesinos. De estas, unas 10,087 hectáreas pertenecen a Corporación Dinant, siendo una de las empresas más afectadas.
