El presidente Porfirio Lobo Sosa asumió la responsabilidad de haber instruido al Ejecutivo para el envío al Congreso Nacional del decreto que le expropió la frecuencia televisiva Canal 8 al empresario Elías Asfura.
“Es mi responsabilidad. Yo envié un decreto al Congreso de la República no para quitarle un canal a nadie, sino simplemente para que al Estado le hagan valer su derecho de lo que tiene. Canal 8 es del pueblo y punto”, aseveró el mandatario ante la controversia generada porque la Corte Suprema de Justicia ya había fallado a favor de que Teleunsa es el operador único de la frecuencia de canal 8.
La aprobación del decreto se dio el jueves con el voto a favor de 64 diputados, la mayoría del Partido Nacional, pese a la oposición de los legisladores de otros partidos que calificaron de “expropiación”, la acción legislativa.
Pero el presidente Lobo sostiene sus argumentos:
“El canal lo ha tenido el Estado porque lo asignó Conatel, vino un juez y alejándose de sus funciones que no le corresponden le quitó el canal al Estado y se lo dio a un empresario que tiene dos canales. ¿Qué me queda de recurso? Yo instruí que se mandara un decreto al Congreso diciendo únicamente que Canal 8 y el Canal 20 son frecuencias asignadas al Estado y si las han asignado a otras personas naturales y jurídicas que les den otra frecuencia. No se le está quitando a nadie ningún canal, simplemente tienen que cambiarle de número.
Es inaudito que el Estado teniendo un canal se lo quieran quitar”, adujo el mandatario.
Lobo Sosa aseguró que la acción no atenta contra la libertad de expresión ni de medios de comunicación y que no debe crear ninguna amenaza en el país.
“Esto no debe generar ninguna amenaza, respetamos totalmente la libertad de expresión. Lo que estamos diciendo es qué números de canales son del Estado. Si no es mediante un decreto, cualquier juez mañana deja el Estado sin canal. Éste es un problema de 6 a 7 años, y ante estos vaivenes, el pobre Estado tiene que estar sometido a la voracidad de algunos que no se llenan. Entiendan que al pueblo no le pueden quitar el derecho”.
La empresa privada ya está en alerta ante la acción del Gobierno porque atenta, según ellos, contra la seguridad jurídica; pero el mandatario señala que no hay tal amenaza porque el Canal 8 es del Estado.
“Por qué se pueden ver amenazados si el canal es del Estado. Yo he luchado por todos los medios, se ha dialogado. Se habló con la Corte y con el presidente de la Corte en reiteradas ocasiones. No queda más que pedir al Congreso un decreto -que celebro que lo hayan aprobado- que garantice al Estado. Cómo es posible que alguien que tiene dos canales quiera un tercero y tiene que ser el del Estado”, cuestionó el mandatario.
El decreto se sometió de forma imprevista debido a que en las compañías de cable ya aparece desplazado el Canal del Estado.
“Yo no sé qué sienten ustedes al ver que el Estado tiene un canal, y aparece que lo están quitando de los cables porque un juez ha decidido regular el espectro radioeléctrico; esa facultad la tiene únicamente Conatel”.
Lobo Sosa señaló que, igual, cualquier hondureño, si cree que se la ha violado un derecho, debe acudir a la Corte Suprema de Justicia, y el Gobierno respetaría cualquier resolución, aseguró.
“Por eso nosotros quisimos instruir al viceministro de la Presidencia para que enviara el proyecto de ley al Congreso y que el Estado no se quede sin canal. No es que yo estoy tratando que tenga, ya lo tiene”, reiteró.
Periodistas se pronuncian
El Colegio de Periodistas de Honduras emitió ayer un pronunciamiento en el que expresan el deber que poseen ante cualquier acción que tienda a violentar la libertad de prensa y la libertad de expresión.
En el documento señalan su total rechazo por los intentos del Gobierno de violentar la libertad de prensa, mediante la emisión de un decreto legislativo que desconoce la atribución del Poder Judicial como órgano del Estado encargado de dirimir las disputas que se sometan a su decisión.
“En tal virtud, rechazamos las acciones del Gobierno encaminadas a destruir la libre empresa y libertad de prensa y declaramos que nos opondremos haciendo uso de los recursos civiles, morales y legales que nos ofrece el orden constitucional.
Al efecto, excitamos a los honorables diputados a que hagamos un frente común para detener esta acción arbitraria del Poder Legislativo, el que a todas luces deja claro el interés del Gobierno por atropellar a los sistemas de comunicación”, señalan.
Los periodistas en sus considerandos expresan el deber de velar por el libre ejercicio del periodismo profesional en Honduras.
“Cualquier intervención del Gobierno en los medios de comunicación pone en peligro la actividad que desarrollan nuestros agremiados dejando indefenso al pueblo hondureño. La frecuencia de Canal 8, por sentencia definitiva, le fue asignada a la empresa Teleunsa, en la cual trabajan muchos de nuestros agremiados”, consignan en el pronunciamiento.
