La decisión de las autoridades de la Administración Nacional de Servicio Civil de dejar sin valor la incorporación de los técnicos universitarios al manual de puestos y salarios del Régimen de Servicio Civil, no solo afecta y limita a los profesionales del área de la salud para laborar en el sistema público, sino a los que egresen de las demás carreras técnicas que ofrecen las universidades.
Raúl López, titular de la Dirección Académica de Formación y Tecnología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), explicó que tras varios meses de trabajo, en marzo de este año, en ese entonces Servicio Civil, aprobó la inclusión del perfil de los profesionales de las carreras técnicas universitarias; sin embargo, con la protesta de los auxiliares de enfermería el acuerdo quedó sin valor.
La resolución por parte de las autoridades de Gobierno afecta a los que egresen de 87 carreras técnicas que se imparten en las universidades de país.
“Ahora en nombre de ese conflicto se hizo para atrás Servicio Civil afectando a todos, no solo son técnicos en salud, hay técnicos en operaciones aeronáuticas que se necesitan en Aeronáutica Civil; técnicos en gestión migratoria que se requieren en el Instituto de Migración; técnicos en meteorología, técnicos en alimentos y otros más que ya no podrán ser inscritos al régimen. En todos los campos del conocimiento que necesitan a un profesional técnico no van a poder trabajar con el Estado”, detalló.
Sépalo
Las carreras técnicas están en auge por su corta duración; actualmente son unos 8,000 jóvenes que las estudian en las universidades del país.
Para solventar la situación, representantes del Consejo de Educación Superior (CES) hicieron el llamado a las autoridades de gobierno para dialogar y resolver el conflicto.
En reunión con representantes estudiantiles de las universidades que ofertan los programas, el rector de la Unah y presidente del CES, Francisco Herrera, manifestó su respaldo para buscar una solución. Resaltó que la oferta técnica obedece a las necesidades del país, por lo que ve contradictoria la decisión de limitar el ejercicio profesional en los establecimientos estatales y con ello limitar a los profesionales de su derecho al empleo.
