07/12/2024
06:21 PM

Asistencias judiciales retrasan acusación contra Marco Bográn

Juristas consideran que hay delitos cometidos en el país que deberían tener una acción judicial y no se está actuando.

TEGUCIGALPA.

El Ministerio Público aseguró a LA PRENSA que la asistencia judicial que se ha pedido a Turquía, Estados Unidos y Guatemala está retrasando la acusación para los implicados en la compra de los siete hospitales móviles.

A 10 meses de la declaratoria de emergencia que dio pie a la adquisición de estos inmuebles y responder ante la pandemia, los hondureños siguen esperando que la Fiscalía actúe contra quienes contrataron para adquirir esos hospitales de los cuales solo uno está funcionando a medias.

La compra de hospitales móviles
Trámite que involucra a varias instituciones: Secretaría de Finanzas, Comité de Fideicomiso, Banco Central de Honduras (BCH) y Secretaría de Salud que solicita los equipos para atender la emergencia. Hasta ahora solo se han tomado declaraciones.
Sin embargo, el exfiscal Edmundo Orellana considera que hay varias líneas de investigación en el caso y que algunas de ellas no dependen de la información internacional.

“Solo el hecho de que se obviaron los procedimientos establecidos para contratar, es una ilegalidad que no necesita la información que pueda provenir de cualquier país por asistencia legal”, explicó.

$47.4 millones costaron los siete hospitales móviles que compró Honduras en la emergencia por covid, apenas uno está funcionando.
Otro delito asegura es haber pagado el 100% de los hospitales como anticipo y que no se aseguraron las garantías que la ley prevé para la calidad. “No se garantizó que la entrega del producto con llave en mano se entregara funcionando. Todo eso, más otras acciones da lugar a la ilegalidad y si no han procedido es porque no quieren”, dijo Orellana.

Hasta ahora solo se han tomado declaraciones, entre ellos a Marco Bográn, que era el director de Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H) cuando se hicieron las compras.

Cronología de la compra
18 de marzo 2020. Pedido. Marco Bográn realiza el pedido de los siete hospitales móviles a Elmed Medical System. Tres de 91 camas y cinco de 51, según el contrato. Se hizo el pago anticipado por 47.4 millones de dólares (1,174 millones de lempiras).
14 de abril 2020. Invest-H. Emite comunicado para informar que por la demanda mundial de equipo hospitalario se espera que para finales de abril se embarquen las primeras dos unidades hacia Puerto Cortés y 45 días más tarde los otros cinco que compró Honduras.
1 de julio 2020. Sobrevalorados. Estalla escándalo en el país cuando informes de organizaciones de sociedad civil develan la sobrevaloración de equipos y empresa turca SDI Global AS denuncia que falsificaron documentos de construcción de hospitales.
2 de julio 2020. Intervención. Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) secuestra documentos de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) y otras instituciones por el caso hospitales móviles.

Los hechos

En el caso de la compra de los hospitales móviles no han ejecutado acciones contra todos los involucrados, no solo al director de Invest, sino al resto de funcionarios que van desde la Secretaría de Salud, el Consejo Directivo de Invest-H, así como la Secretaría de Finanzas y el mismo Banco Central de Honduras ( BCH), asegura el experto penalista.

“Hay varios hechos que sí pueden presentar acciones judiciales. Cuando se dan los hechos existe dentro de Invest-H, un consejo directivo. Este consejo directivo no cumplió con las atribuciones que establece la ley. Guardaron silencio y cuando se destaparon las irregularidades, se convirtieron en denunciantes”, explica Juan Carlos Berganza, abogado penalista.

Por eso los abogados opinan que el Ministerio Público a 10 meses debe realizar acciones y no dormir un caso en el que se invirtieron más de mil millones de lempiras.

“A estas alturas con el tiempo transcurrido probablemente los hondureños tendríamos construidos mejores hospitales. Es probable que la investigación se dilate para acreditar si existió fraude o no; pero hay otro hechos que no tendrían mayor dilación”, dijo Berganza.

Los hondureños esperan que la Fiscalía ejecute las acciones para castigar a quienes hicieron estas compras.