Los indocumentados de Carolina del Norte acusados de delitos graves no sólo deberán someterse a revisión de su estatus migratorio en la cárcel sino también a una prueba de ADN bajo una nueva ley estatal, dijo hoy el fiscal general del estado.
'Debemos utilizar las nuevas tecnologías para mantener en prisión a los criminales peligrosos y exonerar a los inocentes. Esto nos permitirá resolver muchos casos', enfatizó hoy el fiscal general Roy Cooper, en visita a Charlotte, la ciudad más grande del estado.
Desde el 1 de febrero, los diferentes departamentos de policía y alguaciles de los 100 condados del estado comenzaron a recolectar muestras de saliva de ciertos sospechosos para obtener su ADN que serán comparados con las bases de datos estatal y nacional.
Bajo la legislación, los oficiales tomarán el ADN a acusados de violación y otras ofensas sexuales, homicidio, robo mayor, asalto con arma, agresión física, rapto, secuestro de menores, e incendio provocado.
También de tráfico humano con la intención de prostituir o convertir a una persona o menor de edad en una trabajador sexual, incesto, explotación de niños, asalto a un oficial del deber, acoso, resistencia al arresto, entre otros.
'No todos serán sometidos a este proceso', enfatizó el fiscal. 'Solo aquellos que se encuentren en las categorías determinadas, que el magistrado haya decidido que hay causa probable de que cometió el crimen y que debe ser arrestado'.
Esto incluye a los extranjeros sospechosos de cometer esos delitos y que además deberán someterse a la revisión de su situación migratoria por el programa 287g, que opera en 9 nueve condados de Carolina del Norte y de Comunidades Seguras en 77 localidades.
Según Daniel 'Chipp' Bailey, alguacil del condado Mecklenburg, donde está Charlotte, la prueba de ADN se realizará a los extranjeros luego de pasar por el 287g y que se haya determinado la 'causa razonable' para su detención.
'La persona deberá hacerse la prueba si quiere salir bajo fianza luego de que el magistrado haya determinado su caso con el estado. En su situación migratoria, es Inmigración que decide si lo deja ir libre (fianza) o lo viene a recoger', explicó a Efe Bailey.
La base de datos de ADN del Buró Estatal de Investigación (SBI) de Raleigh, capital del estado, entidad que recibirá la información de los condados, tiene en la actualidad más de 200.000 muestras, que han ayudado a resolver más de 1.900 casos desde que comenzó a recopilarse en 1995.
'Hemos pasado de los exámenes de sangre a la saliva. El ADN es una evidencia sólida, que los laboratorios de forenses utilizan diariamente para identificar a sospechosos', acotó el fiscal.
En 2010, el SBI pudo relacionar a 420 personas que debieron dar su muestra de ADN ya que fueron encontrados culpables de delitos mayores con casos que habían sido recolectados previamente.
'Ahora hay más posibilidades de resolver crímenes que por años se han mantenido sin sospechosos aunque hay pruebas de ADN. Con más muestras podremos comparar y llevar justicia a las víctimas y sus familiares', agregó Cooper.
Cooper se refirió a un caso ocurrido en 2005 en Charlotte, donde un hispano cometió varias violaciones antes de que finalmente fuera capturado por otro crimen y sometido a la prueba de ADN que concluyó su culpabilidad en dichos casos.
La corte federal ha determinado que la práctica es constitucional, ya que es comparada con el proceso de las tomas de huella digitales a la hora de que una persona es arrestada.
Sin embargo, los defensores de los derechos civiles argumentan que la misma viola la privacidad de derecho garantizada por la cuarta enmienda de la Constitución que protege el registro o incautación sin razón.
La Unión de Libertades Civiles (ACLU) de Carolina del Norte argumentó a los legisladores durante el proceso de aprobación de la ley que esta abriría una puerta para que los oficiales cometieran abusos como arrestar falsamente a una persona para obtener su ADN en el esfuerzo de conectarla con otros casos.
'Lo que hace es tratar a una persona como culpable al momento de su detención en vez de presumir su inocencia', enfatizó a los medios Sarah Preston, directora de política de ACLU en Carolina del Norte.
Sin embargo, el fiscal general enfatizó que si el detenido es encontrado inocente o su caso es desechado en la corte, la muestra de ADN será removida de la base de datos al momento de su solicitud.
'Más de 23 estados utilizan este proceso e inclusive el Gobierno federal ha pasado leyes que permiten la recolección de ADN de arrestados y las cortes han estado de acuerdo', apuntó el Cooper.
Bailey estima que de los 125 a 150 individuos que llegan a la cárcel de Charlotte al día, al menos dos muestras de ADN serán tomadas por los oficiales, los cuales pueden incluir a los indocumentados sospechosos de cometer faltas mayores.
