El Gobierno de Unidad que deben consensuar el presidente interino Roberto Micheletti y el destituido Manuel Zelaya debe entrar en funciones “a más tardar el 5 de noviembre”, según el acuerdo suscrito ayer por las delegaciones de ambos.
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El calendario de cumplimiento de los puntos pactados en el Acuerdo establece esa fecha como el tope para la “conformación e instalación del Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional”.
Antes de eso, el próximo lunes, debe estar conformada la comisión de verificación de cumplimiento del convenio, que estará conformada por “dos miembros de la comunidad internacional y dos miembros de la comunidad nacional (...) escogidos uno por cada una de las partes”, es decir, uno por la de Zelaya y otro por la de Micheletti.
Sin embargo, la Comisión de la Verdad, que “con el fin de esclarecer los hechos ocurridos antes y después del 28 de junio de 2009” deberá identificar “los actos que condujeron a la situación actual”, no deberá estar conformada hasta “el primer semestre de 2010”, señala.
La otra fecha marcada en este calendario es la del 27 de enero, ya establecida en la Constitución como la del traspaso de gobierno al Presidente surgido de las elecciones del próximo 29 de noviembre.
Otros puntos del acuerdo son que el Parlamento decida la restitución o no de Zelaya, la renuncia a una Asamblea Constituyente y a la amnistía política, el respaldo a las elecciones, el traspaso de las Fuerzas Armadas y la Policía al Tribunal Electoral y la normalización de las relaciones de Honduras con la comunidad internacional.
El acuerdo fue alcanzado tras reanudarse el jueves el diálogo en presencia de representantes de la Organización de Estados Americanos y una misión de EUA, encabezada por el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Thomas Shannon, que llegó el miércoles y ayer regresó a Washington.
Congreso
Aunque Manuel Zelaya y su comisión ya habían prescindido de su propia propuesta, consistente en ir al Congreso Nacional de la República para que decida sobre su restitución, el Legislativo de nuevo tiene en sus manos la decisión sobre el futuro político del ex presidente.
Aunque dirigentes zelayistas como Rasel Tomé aseguran que, si el Congreso Nacional no restituye a Manuel Zelaya, la comunidad internacional no reconocerá las elecciones, el acuerdo firmado el jueves por la noche y entregado a la secretaría del Legislativo ayer por la tarde dice claramente que las partes se comprometen a respetar lo que este poder del Estado decida.
“El punto en discordia va a ir al Congreso en consulta con la Corte Suprema de Justicia y las demás instituciones de nuestro Estado de derecho. Eso nos explica que lo político está considerado, lo jurídico está considerado, le damos plena vigencia al Estado de derecho y reconocemos que existe un Congreso Nacional, una Corte y toda una institucionalidad. Acudimos a esa institucionalidad para darle una solución al país”, explicó Arturo Corrales, miembro de la comisión de Micheletti.
Sectores simpatizantes de Zelaya dan por hecho que el Congreso restituirá al ex mandatario en los próximos días; no obstante, el Legislativo, por medio de su presidente Alfredo Saavedra, ha dicho que consultarán a la Corte Suprema de Justicia.
Batalla cívica
El abogado Armando Aguilar Cruz, de la comisión de Micheletti, pronunció que se ha librado una hermosa batalla cívica en la mesa de negociaciones que les ha permitido arribar a una solución en la que diría que no hay vencedores ni vencidos y quien ha ganado es Honduras.
“Este acuerdo nos permite solventar la dura crisis política que enfrentaba el país, pero no solamente es esto, es la trascendencia que esto tiene para Honduras. La delegación de Estados Unidos es la que hizo posible este acercamiento con gran respeto a la dignidad del pueblo hondureño al decirnos, igual que la OEA, que teníamos que ser los hondureños los que decidiríamos”, manifestó Aguilar Cruz.
Sobre la amnistía y la moratoria que quedaron eliminadas del acuerdo firmado el jueves, otro miembro de la comisión de Micheletti, Arturo Corrales, explicó que con la propuesta de la restitución estaban íntimamente ligados.
“Cuando reconocemos que el Congreso resuelva en lo procedente y en lo que no procede bajo la dirección, bajo el tutelaje de la Corte Suprema; cuando reconocemos que este acuerdo ya sabe de antemano que no lleva amnistía para los delitos políticos cometidos en ocasión de este conflicto ni lleva moratoria para las acciones que se hicieron alrededor de este conflicto, para nadie, obligaba a que el punto seis del Acuerdo de San José se tenía que convertir en que el Estado de derecho tenía que resolverlo y ése es el gran triunfo, que con las leyes hondureñas o con los procedimientos de los hondureños nos llena de una enorme satisfacción”, expresó Corrales.
La comisión de Micheletti aseguró que el acuerdo firmado está a la luz de las leyes y en estricto apego a ellas y eso es lo que va a permitir que el Congreso resuelva claramente lo que procede y lo que no.
Poderes autónomos
Aguilar Cruz explicó que, de acuerdo con la Constitución de la República, los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, son rigurosamente autónomos e independientes, sin relaciones de subordinación, por consiguiente, “no puede haber dictámenes u opiniones vinculantes entre ellos, lo que decimos en el acuerdo es que el Congreso Nacional, antes de tomar una decisión dentro de los cánones del régimen parlamentario, debe escuchar a la Corte Suprema y a las otras instituciones que crea pertinentes para ilustrarse en mejor forma y poder decidir sobre una materia tan compleja como la que la comisión del Diálogo Guaymuras ha puesto en manos de la soberanía popular”, argumentó Aguilar.
El abogado aclaró que la Corte no le puede imponer criterio alguno al Congreso Nacional. Respecto a la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, Aguilar Cruz aseveró que en el acuerdo quedó claramente establecido que las partes ni directa ni indirectamente realizarán acción alguna orientada hacia una convocatoria que pueda propugnar, modificar o cambiar los artículos irreformables de la Constitución de la República.
El párrafo final el acuerdo es de suma importancia, según Corrales, el cual dice: la decisión que adopte el Congreso Nacional claramente establece que éste va a decidir para un lado u otro y lo va a hacer luego de consultar.
El Congreso tiene la facultad de hacer lo que ellos quieran, pero creo que van a consultar porque es parte de lo que hemos dicho; además, dice que ellos deberán sentar las bases para alcanzar la paz social, la tranquilidad política y la gobernabilidad democrática que la sociedad demanda y el país necesita.
Lo que salga del Congreso lo vamos a abrazar todos. ésa es la regla. Si decide para un lado u otro, vamos a abrazar esa decisión.
El Congreso es autónomo, pero está muy atento a escuchar lo que esta comisión ha producido”, agregó Corrales.
Elecciones
La abogada Vilma Morales se refirió al proceso electoral en el punto tres, ya suscrito por las partes. Señaló que quedó claramente establecido el respeto al proceso porque ya está en marcha y consignado en la Constitución y la Ley Electoral.
“Este proceso se llevará a cabo con el más profundo respeto al marco legal, pero también dice claramente un segundo párrafo que vamos a realizar un llamado al pueblo hondureño para que participe pacíficamente en las próximas elecciones y evite todo tipo de manifestaciones que se opongan a las elecciones o a su resultado o promuevan insurrección”, afirmó Morales.
Otro punto clave mencionado por Morales es la instalación de la Comisión de Verificación y de la Verdad.
La primera tiene que ver con el exhaustivo cumplimiento de las partes de cada uno de los acuerdos y la segunda expondrá realmente en la mesa la investigación profunda del antes, después y durante el 28 de junio.
“La Comisión de la Verdad va a estar a cargo del nuevo Gobierno, no de éste. Con el fin de establecer los hechos ocurridos, la comisión recomienda al próximo Gobierno el marco de un consenso nacional para que constituya dicha Comisión de la Verdad en el primer semestre de 2010 a fin de evitar las contaminaciones que han impedido llegar a una solución más pronto”, explicó Morales.
Después de que las comisiones entregaron el acuerdo en la secretaría del Congreso Nacional, el grupo de Zelaya no se pronunció ante los medios, que esperaban a ambos grupos en un hotel capitalino.
Principales puntos del pacto para solucionar la crisis política de Honduras
1. SOBRE EL GOBIERNO DE UNIDAD Y RECONCILIACIÓN NACIONAL
Para lograr la reconciliación y fortalecer la democracia, conformaremos un Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional integrado por representantes de los diversos partidos políticos y organizaciones sociales, reconocidos por su capacidad, honorabilidad, idoneidad y voluntad para dialogar, que ocuparán las distintas secretarías y subsecretarías (ministerios), así como otras dependencias del Estado.
2. SOBRE LA RENUNCIA A CONVOCAR A UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE O REFORMAR LA CONSTITUCIÓN EN LO IRREFORMABLE
Reiteramos nuestro respeto a la Constitución y las leyes de nuestro país, absteniéndonos de hacer llamamientos a la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, de modo directo o indirecto, y renunciando también a promover o apoyar cualquier consulta popular con el fin de reformar la Constitución para permitir la reelección presidencial, modificar la forma de gobierno o contravenir cualquiera de los artículos irreformables de nuestra Carta Fundamental.
3. SOBRE LAS ELECCIONES GENERALES Y EL TRASPASO DE GOBIERNO
Realizamos un llamado al pueblo hondureño para que participe pacíficamente en las próximas elecciones generales y evite todo tipo de manifestaciones que se opongan a las elecciones o a su resultado.
Instamos al Tribunal Supremo Electoral a que autorice y acredite la presencia de misiones internacionales.
4. SOBRE LAS FUERZAS ARMADAS Y LA POLICÍA NACIONAL
Ratificamos nuestra voluntad de acatar en todos sus extremos el artículo 272 de la Constitución de la República de Honduras, conforme con el cual las Fuerzas Armadas quedan a disposición del Tribunal Supremo Electoral desde un mes antes de las elecciones generales.
5. DEL PODER EJECUTIVO
Para lograr la reconciliación y fortalecer la democracia, en el espíritu de los temas de la propuesta del Acuerdo de San José, ambas comisiones negociadoras hemos decidido, respetuosamente, que el Congreso Nacional, como una expresión institucional de la soberanía popular, en uso de sus facultades, en consulta con las instancias que considere pertinentes como la Corte Suprema de Justicia y conforme a ley, resuelva en lo procedente respecto a “retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio hasta la conclusión del actual periodo gubernamental, el 27 de enero de 2010”.
La decisión que adopte el Congreso Nacional deberá sentar las bases para alcanzar la paz social, la tranquilidad política y la gobernabilidad democrática que la sociedad demanda y el país necesita.
6. SOBRE LA COMISIÓN DE VERIFICACIÓN Y LA COMISIÓN DE LA VERDAD
Para lograr la reconciliación y fortalecer la democracia, disponemos la creación de una Comisión de Verificación de los compromisos asumidos en este Acuerdo, y los que de él se deriven, coordinada por la Organización de Estados Americanos, OEA.
Dicha Comisión estará integrada por dos miembros de la comunidad internacional y dos miembros de la comunidad nacional; estos últimos serán escogidos uno por cada una de las partes.
La Comisión de Verificación será la encargada de dar fe del estricto cumplimiento de todos los puntos de este Acuerdo y recibirá para ello la plena cooperación de las instituciones públicas hondureñas.
Con el fin de esclarecer los hechos ocurridos antes y después del 28 de junio de 2009, se creará también una Comisión de la Verdad que identifique los actos que condujeron a la situación actual y proporcione al pueblo de Honduras elementos para evitar que estos hechos se repitan en el futuro.
Esta Comisión de Diálogo recomienda que el próximo Gobierno, en el marco de un consenso nacional, constituya dicha Comisión de la Verdad en el primer semestre del año 2010.
7. SOBRE LA NORMALIZACIÓN DE LAS RELACIONES DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS CON LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
Al comprometernos a cumplir fielmente los compromisos asumidos en el presente Acuerdo, solicitamos respetuosamente la inmediata revocatoria de aquellas medidas o sanciones adoptadas a nivel bilateral o multilateral, que de alguna manera afectan la reinserción y participación plena de la República de Honduras en la comunidad internacional y su acceso a todas las formas de cooperación.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que reactive lo antes posible los proyectos vigentes de cooperación con la República de Honduras y continúe la negociación de los futuros.
En particular, instamos a que, a solicitud de las autoridades competentes, se haga efectiva la cooperación internacional que resulte necesaria y oportuna para que la Comisión de Verificación y la futura Comisión de la Verdad aseguren el fiel cumplimiento y seguimiento de los compromisos adquiridos en este Acuerdo.
8. DISPOSICIONES FINALES
Toda diferencia de interpretación o aplicación del presente Acuerdo será sometida a la Comisión de Verificación, la que determinará, en apego a lo dispuesto en la Constitución de la República de Honduras y en la legislación vigente, y mediante una interpretación auténtica del presente Acuerdo, la solución que corresponda.
Tomando en cuenta que el presente Acuerdo es producto del entendimiento y la fraternidad entre hondureños y hondureñas, solicitamos vehementemente a la comunidad internacional que respete la soberanía de la República de Honduras y observe plenamente el principio consagrado en la Carta de las Naciones Unidas de no injerencia en los asuntos internos de otros Estados.
9. CALENDARIO DE CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS
Dada la entrada en vigencia inmediata de este Acuerdo a partir de su fecha de suscripción, y con el fin de clarificar los tiempos de cumplimiento y de seguimiento de los compromisos adquiridos para alcanzar la reconciliación nacional, convenimos el siguiente calendario de cumplimiento:
30 de octubre de 2009
Suscripción y entrada en vigencia del Acuerdo.
Entrega formal del Acuerdo al Congreso para los
efectos del Punto 5, “Del Poder Ejecutivo”.
2 de noviembre de 2009
Conformación de la Comisión de Verificación.
A partir de la suscripción del presente Acuerdo
y a más tardar el 5 de noviembre
conformación e instalación del Gobierno de Unidad
y Reconciliación Nacional.
27 de enero de 2010
Celebración del traspaso de gobierno.
Primer semestre de 2010
Conformación de la Comisión de la Verdad.
10. DECLARACIÓN FINAL
En nombre de la reconciliación y el espíritu patriótico que nos ha convocado ante la mesa de diálogo, nos comprometemos a cumplir de buena fe el presente Acuerdo y lo que de él se derive.
El mundo es testigo de esta demostración de unidad y paz, a la que nos compromete nuestra conciencia cívica y devoción patriótica. Juntos sabremos demostrar nuestro valor y decisión para fortalecer el Estado de derecho y construir una sociedad tolerante, pluralista y democrática.
Firmamos el presente Acuerdo en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, el día 30 de octubre del año 2009.
11. AGRADECIMIENTOS
Aprovechamos la ocasión para agradecer el acompañamiento y los buenos oficios de la comunidad internacional, en especial a la Organización de los Estados Americanos y su secretario general José Miguel Insulza; las misiones de cancilleres del hemisferio; el presidente de Costa Rica, Óscar Arias Sánchez; el Gobierno de Estados Unidos, su presidente Barack Obama y su secretaria de Estado, Hillary Clinton.
12. SOBRE LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL ACUERDO TEGUCIGALPA/SAN JOSÉ
Para efectos internos, el Acuerdo tiene plena vigencia a partir de su firma.
Para efectos protocolarios y ceremoniales, se llevará a cabo un acto público de suscripción el día 2 de noviembre.
Víctor Rico: No hay plazo para el Congreso
El asesor político para Latinoamérica de la Organización de Estados Americanos, OEA, Víctor Rico, aseguró que el Acuerdo Guaymuras o San José entra en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, que fue ayer viernes.
'En los próximos días se conformará la Comisión de Verificación que coordinará la OEA; se conformará el Gabinete de Unidad Nacional', confirmó Rico. Agregó que esta tarde habrá una reunión en Washington del Consejo Permanente de la OEA, en la que el secretario general José Miguel Insulza informará sobre la firma del acuerdo y éstos decidirán las medidas que tomarán hacia Honduras.
Respecto a la respuesta del Congreso Nacional, Rico dijo que no hay un plazo porque éste está en el uso de sus facultades y atribuciones y verá el tiempo en que tiene que pronunciarse.
Sobre la restitución de Zelaya, Rico aseguró que la OEA apuesta por el Acuerdo de San José. Añadió que la comisión de verificación se conformará en los próximos días como está previsto en acuerdo con dos integrantes serán nacionales y dos internacionales. Los internacionales serán nominados por la OEA, que la coordinará, y los nacionales representarán a cada parte.
'El Acuerdo ya está firmado', concluyó Rico. Sobre el rumor de que Colin Powell, ex secretario de Defensa de Estados Unidos, estaría conformando la Comisión de Verificación, Víctor Rico evitó referirse al tema.
