Tegucigalpa, Honduras.
El pleno de la Corte Suprema de Justicia está convocado para el martes de la próxima semana para afinar y concluir el dictamen en torno a la Ley de Colaboración Eficaz enviada por el Poder Legislativo para su análisis jurídico.
“Ya giramos la convocatoria oficial para que nos reunamos el próximo martes a las 8:30 de la mañana en el salón de plenos y podamos continuar con la deliberación, discusión y finalmente tomar una decisión en torno al dictamen o la opinión que debe proferir la Corte Suprema sobre el anteproyecto de Ley de Colaboración Eficaz”, informó a LA PRENSA el magistrado presidente Rolando Argueta.
La ley de colaboración eficaz es un instrumento del llamado derecho penal premial que permite la posibilidad de que un sujeto imputado por determinados delitos pueda obtener un beneficio, que va desde una pena atenuada hasta la remisión total de la pena, a cambio de la entrega de información relevante, oportuna y verificable, que conduzca a mejorar la eficacia de la persecución penal, sobre todo, de organizaciones criminales.
La iniciativa de ley fue elaborada y propuesta por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) y el Ministerio Público.
El Congreso Nacional remitió el anteproyecto de decreto a la Corte Suprema para conocer su opinión jurídica, aunque esta no es vinculante.
La Sala de lo Penal ya emitió una preopinión y a ésta se le han sumado las observaciones de algunos de los magistrados del Poder Judicial.
Argueta recordó que en la sesión del martes anterior, el pleno de magistrados estuvo analizando la preopinión emitida por la Sala de lo Penal.
“Me atrevo a decir que en el pleno del próximo martes en horas del mediodía o primeras horas de la tarde la Corte Suprema de Justicia estaría ya tomando una decisión en torno a los dos anteproyectos de ley presentados al Congreso Nacional por el Consejo de Ministros y por el diputado Osman Aguilar”, acotó.
El presidente del Poder Judicial indicó que otro de los temas que será abordado por los magistrados es sobre los recursos de inconstitucionalidad contra el artículo 335-B.
El pleno de la Corte Suprema de Justicia está convocado para el martes de la próxima semana para afinar y concluir el dictamen en torno a la Ley de Colaboración Eficaz enviada por el Poder Legislativo para su análisis jurídico.
“Ya giramos la convocatoria oficial para que nos reunamos el próximo martes a las 8:30 de la mañana en el salón de plenos y podamos continuar con la deliberación, discusión y finalmente tomar una decisión en torno al dictamen o la opinión que debe proferir la Corte Suprema sobre el anteproyecto de Ley de Colaboración Eficaz”, informó a LA PRENSA el magistrado presidente Rolando Argueta.
La ley de colaboración eficaz es un instrumento del llamado derecho penal premial que permite la posibilidad de que un sujeto imputado por determinados delitos pueda obtener un beneficio, que va desde una pena atenuada hasta la remisión total de la pena, a cambio de la entrega de información relevante, oportuna y verificable, que conduzca a mejorar la eficacia de la persecución penal, sobre todo, de organizaciones criminales.
La iniciativa de ley fue elaborada y propuesta por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) y el Ministerio Público.
El Congreso Nacional remitió el anteproyecto de decreto a la Corte Suprema para conocer su opinión jurídica, aunque esta no es vinculante.
La Sala de lo Penal ya emitió una preopinión y a ésta se le han sumado las observaciones de algunos de los magistrados del Poder Judicial.
Argueta recordó que en la sesión del martes anterior, el pleno de magistrados estuvo analizando la preopinión emitida por la Sala de lo Penal.
“Me atrevo a decir que en el pleno del próximo martes en horas del mediodía o primeras horas de la tarde la Corte Suprema de Justicia estaría ya tomando una decisión en torno a los dos anteproyectos de ley presentados al Congreso Nacional por el Consejo de Ministros y por el diputado Osman Aguilar”, acotó.
El presidente del Poder Judicial indicó que otro de los temas que será abordado por los magistrados es sobre los recursos de inconstitucionalidad contra el artículo 335-B.
