Tegucigalpa, Honduras
La administración de la presidenta Xiomara Castro amplió por un año las funciones de la junta interventora del Sistema Nacional de Emergencia 911.
La ampliación del período fue publicado bajo decreto ejecutivo PCM 11-2025 en el diario Oficial La Gaceta el 28 de febrero.
La decisión del Consejo de Ministros, según el decreto, tiene como objetivo finalizar el cumplimiento de los objetivos de la comisión interventor a en materia de seguridad nacional.
La junta interventora, presidida por la abogada Miroslava Cerpas, fue creada en febrero de 2023 con el propósito de auditar el contrato que la administración anterior tenía con una empresa y poner en funcionamiento el sistema de vigilancia.
Noventa días después de iniciar funciones, los interventores debían presentar un informe sobre la situación en la que encontraron la entidad y las acciones que tomarían para resolver los problemas. Sin embargo, el informe no se dio a conocer públicamente.
A pesar de ello, la comisión fue prorrogada en sus cargos por un año más en febrero de 2024.
Critican las juntas interventoras
Juan Carlos Aguilar, director de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), criticó al actual Gobierno por utilizar juntas interventoras, una práctica que anteriormente había condenado.
“Estas prácticas fueron duramente criticadas en el pasado por no generar resultados positivos, sin embargo, continúan implementándose en muchas instituciones, a menudo agravando los problemas en lugar de solucionarlos,” dijo.
Aguilar agregó que durante varios años, las distintas administraciones han utilizado las juntas interventoras como “apaga fuegos” en instituciones vinculadas a la corrupción, obteniendo pocos resultados positivos.
Desde la primera extensión del período, diversos organismos han solicitado a la comisión que muestren los resultados y avances alcanzados.
Uno de ellos fue el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), que en 2024 recomendó a la comisión publicar los resultados para que el pueblo hondureño pudiera evaluar si la ampliación estaba justificada.
