Tegucigalpa, Honduras.
El titular del Parlamento hondureño, Mauricio Oliva, dijo hoy que de aprobarse una modificación al artículo 184 del Código Procesal Penal, en línea con la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no suprimirá ningún delito.
'El tema de fondo es que le devuelve la discrecionalidad al juez para decidir quién va o no va a la cárcel, no se está suprimiendo ningún catálogo de delitos', explicó Oliva.
La iniciativa orientada a modificar el artículo 184 del Código Penal fue presentada este martes por el diputado Marco Velásquez, del oficialista Partido Nacional, y está en línea con una recomendación de la misión de la CIDH que visitó Honduras recientemente, señaló Oliva.
La CIDH sugirió a Honduras 'adoptar las medidas judiciales, legislativas, administrativas y de otra índole requeridas para aplicar la prisión preventiva de conformidad con los estándares internacionales en la materia'.
El titular del Parlamento hondureño, Mauricio Oliva, dijo hoy que de aprobarse una modificación al artículo 184 del Código Procesal Penal, en línea con la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no suprimirá ningún delito.
'El tema de fondo es que le devuelve la discrecionalidad al juez para decidir quién va o no va a la cárcel, no se está suprimiendo ningún catálogo de delitos', explicó Oliva.
La iniciativa orientada a modificar el artículo 184 del Código Penal fue presentada este martes por el diputado Marco Velásquez, del oficialista Partido Nacional, y está en línea con una recomendación de la misión de la CIDH que visitó Honduras recientemente, señaló Oliva.
La CIDH sugirió a Honduras 'adoptar las medidas judiciales, legislativas, administrativas y de otra índole requeridas para aplicar la prisión preventiva de conformidad con los estándares internacionales en la materia'.
Análisis si conviene o no
'El Estado debe promover, regular y aplicar medidas alternativas a la prisión preventiva y debe derogar las disposiciones que ordena la aplicación obligatoria de la prisión preventiva por el tipo de delito particular el artículo 184 del Código Procesal Penal', señaló a inicios de agosto la CIDH al concluir su visita a Honduras.
Oliva agregó que el Congreso Nacional nombrará una comisión legislativa para analizar la iniciativa, solicitará la opinión de la Corte Suprema de Justicia y se escuchará el juicio de los diferentes sectores de sociedad civil.
'Queremos análisis serios, formales, no anecdóticos, se trata de hacer un análisis serio y profundo de lo que le conviene a la sociedad hondureña', enfatizó Oliva en declaraciones a la radio HRN, en Tegucigalpa.
El artículo 184 del Código Penal prohíbe medidas distintas a prisión para los acusados de homicidio, asesinato, parricidio, violación, trata de personas, pornografía infantil, secuestro, falsificación de monedas y billetes de banco y robo de vehículos terrestres, naves aéreas, buques y otros bienes similares.
Además, robo de ganado mayor, magnicidio de jefe de Estado o de Gobierno Nacional o extranjero, genocidio, asociación ilícita, extorsión, delitos relacionados con armas de guerra, terrorismo, contrabando, defraudación fiscal, tráfico de drogas, lavado de activos, prevaricato y feminicidio.
Oliva señaló, además, que el 49 por ciento de la población carcelaria de Honduras -18.800 presos-, está en prisión preventiva en una treintena de cárceles.
Sobre la opinión de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) ante una eventual modificación legislativa, el titular del Parlamento dijo que es 'muy ponderada'.
La MACCIH señala que 'podría existir riesgo de que criminales de alto peso pudiesen encontrar un camino de salida para que no les apliquen la prisión preventiva', señaló Oliva.
El miércoles, la Misión, que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA), expresó en un comunicado 'su preocupación' por la iniciativa legislativa, lo cual, según el ente, debilitaría la repuesta penal.
'La pretendida modificación tendría como consecuencia el debilitamiento de la respuesta penal a graves delitos cometidos, entre ellos los de homicidio, asesinato, feminicidio, tráfico de drogas, secuestro, asociación ilícita, extorsión, robo de vehículos, violación y lavado de dinero, entre otros', indicó la MACCIH.
Oliva señaló que los jueces no pueden 'darle el mismo trato a una persona que demuestre arraigo, no tiene antecedentes penales, se presente voluntariamente, a un tipo que violente la vida de una persona, que secuestre y abuse niños, es completamente distinto el caso'. EFE
