Unos 44 millones de lempiras se destinaron este año para el pago de sueldos de unos 500 empleados supernumerarios del Instituto de la Propiedad, IP, que a finales de 2009 fueron contratados sin que existiera respaldo económico.
A raíz de esa falta de presupuesto, el IP está a punto de colapsar. Ya recibieron una transferencia para cubrir octubre y noviembre; no obstante, faltan al menos 12 millones de lempiras para culminar diciembre, cantidad que aún no autoriza la Secretaría de Finanzas.
El presidente de la Junta Directiva del Instituto de la Propiedad, Pompeyo Bonilla Reyes, admitió que el IP fue usado como plataforma política en el Gobierno de transición donde contrataron a 459 personas entre septiembre y agosto del año pasado, además de un elevado incremento salarial general a todos los empleados; sin embargo, el presupuesto de 2010 continuó en la misma cifra.
El presupuesto del IP es de 263 millones de lempiras, pero para las actividades operacionales la partida debe ser de 320 millones de lempiras, según Bonilla Reyes, pues además de las propias actividades registrales también está la enorme tarea de titular tierras para quienes posean sus bienes sin ningún respaldo legal.
Señaló que sólo el año pasado se entregaron 125 millones al IP para la emisión de títulos.
“Si queremos fortalecer la economía de Honduras el inicio es la entrega de títulos porque esto les sirve para entregar garantías.
En el Instituto hay quejas. En el Registro de la Propiedad les buscamos solución, no es correcto que la gente pida inscribir sus operaciones y les toque esperar 30 o 60 días. Buscamos optimizar esa situación y no se debería tardar más de una semana para registrar un bien”, manifestó.
Dijo que se abrirán ventanas rápidas, como existe en otras instituciones del Estado, para evitar que los interesados paguen al margen de la ley al personal para obtener el título de manera más rápida.
Tres por cada puesto
En torno al problema del personal, el funcionario dijo que “es muy eficiente pero supernumerario”. Recordó que entre julio y agosto del año pasado se contrataron 459 personas.
Esa carga de planilla repercutió en el presupuesto de 2010, pese a que se hizo una rebaja a la planilla en dos millones de lempiras mensuales.
“No se puede despedir a nadie sin sus derechos, esta gente no tenía partida presupuestaria para los acuerdos y tampoco hay dinero para pagarles sus derechos”, reiteró.
Es más, dijo que “hay hasta dos o tres personas para cada posición, como en otras instituciones gubernamentales. No lo podemos negar, por eso debe haber una organización más perfecta, tenemos ese problema. Son 1,100 empleados y podemos funcionar con 800 mejorando el trabajo de cada quien”, reconoció.
“Tenemos cubierto hasta noviembre, pero todo depende de las captaciones de Finanzas para cubrir diciembre. Ya no hay fondos para terminar el año. En total faltan unos doce millones. El global que falta para el último trimestre era de L 44 millones”, ahondó el funcionario.
El IP está sumido en el caos. “El año 2009 fue irregular, el Instituto se manejó en un momento como plataforma política, y se nombró una gran cantidad de directores ejecutivos, secretarios y cada quien llevaba su personal de confianza”, explicó Bonilla Reyes.
Agregó que está a la espera de que el Congreso Nacional y la Secretaría de Finanzas los apoyen, pues de esas instituciones depende la ampliación presupuestaria solicitada.
Para supervisar algunas irregularidades en la institución dijo que hay auditores internos, pero que también trabajan los auditores del Tribunal Superior de Cuentas, TSC, en inspeccionar los 24 registros del país.
“Decisión depende de Finanzas”
Tegucigalpa. Para el presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional, Héctor Guillén, la ampliación presupuestaria al Instituto de la Propiedad depende únicamente de la disponibilidad que establezca la Secretaría de Finanzas.
“Las explicaciones es que en septiembre de 2009 pasaron 459 personas de contratos a plazas y a todo el personal se le dio aumento del 79%, subiendo de 6 a 14 millones de lempiras la planilla. No se consideró en el presupuesto de este año y siguieron operando y ahora el déficit es de 44 millones acumulados”.
Guillén dijo que en ese sentido se debe ajustar el presupuesto de 2010 y se debió cesar personal, pero aducen que es necesario porque la demanda de trabajo es grande.
“La ampliación del presupuesto lo maneja Finanzas, estamos pendientes para analizar las necesidades de ellos en 2011, y siento que se les dará una parte. Aunque Finanzas determina los techos, hay que ver la disponibilidad del Estado”, finalizó el diputado.
