Al menos 20 autobuses y cuatro bancos fueron incendiados ayer en el estado brasileño de Sao Paulo, que desde la noche del martes vive una nueva ola de violencia del crimen organizado que ha causado al menos siete muertos.
La violencia, que ayer dejó sin transporte público a unos tres millones de personas en Sao Paulo, ha sido atribuida por las autoridades al Primer Comando de la Capital, PCC, la mafia de presos que en mayo lanzó una serie de ataques que causó 133 muertos entre policías, civiles y delincuentes, según datos oficiales.
Entre la noche del miércoles y la tarde de ayer fueron incendiados al menos veinte autobuses en Sao Paulo y los vecinos municipios de Osasco, Cotia, Itapecerica da Serra, Mogi das Cruces, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Sao Vicente, Jundiaí y Sumaré, sin que se registrasen de víctimas fatales, según la policía.
Con estos ataques, ya son más de 50 autobuses los incendiados en los últimos tres días en todo el estado.
También fueron atacadas cuatro oficinas bancarias en distintos municipios del estado, una estación de gasolina, un vehículo de la policía y una sede de la Guardia Municipal, según versiones de emisoras de radio no confirmadas aún oficialmente.
Atentados
En la localidad de Juquitiba, a 65 kilómetros de Sao Paulo, una bomba destruyó parte de la sede del Concejo Municipal y en Santana de Parnaíba fue quemada una ambulancia que atendió una llamada de emergencia falsa.
El último boletín de la Secretaría de Seguridad Pública de Sao Paulo, divulgado en la noche del miércoles, informaba de que desde que comenzó la nueva ofensiva del PCC se habían registrado 71 ataques, con un saldo de seis muertos, pero según la emisora de radio Jovem Pam, el número de atentados ya llega al centenar.
Tampoco está claro el número de muertes, pues medios de prensa hablan de nueve fallecidos, pero las autoridades sólo han confirmado siete, ya que investig an si otros tres asesinatos tienen relación con los ataques del PCC.
La ausencia de autobuses provocó enormes aglomeraciones en las estaciones del metro y de los trenes metropolitanos, y centenares de miles de personas tuvieron que caminar largos trechos para llegar a sus lugares de trabajo.
Política detrás de ataques
El centenar de ataques criminales en los dos últimos días en el estado brasileño de Sao Paulo se ha convertido en un arma de la campaña electoral en Brasil, en la que el presidente Luiz Ignacio Lula da Silva disputa la reelección.
Ante las elecciones generales del primero de octubre, ningún candidato quiere ser involucrado en las fallas de seguridad que ponen en jaque a Sao Paulo, que es el colegio electoral de Brasil que concentra a la industria y las finanzas.
“El gobierno Federal de Lula ofrece ayuda al estado de Sao Paulo pensando en las elecciones, y el gobernador de Sao Paulo, Claudio Lembo la rechaza también pensando en las elecciones”, afirmó el comentarista político Arnaldo Jabor, al llamar a un esfuerzo político “por encima de los intereses electorales” Lula, que lidera las encuestas con 44% de intención de voto, ofreció el miércoles ayuda de la nación al gobierno de Sao Paulo.
Unos 20 autobuses han sido incendiados en las últimas horas, el transporte trabaja a medias debido al temor.
Violencia vuelve tras presión en cárceles
La violencia volvió a golpear a Sao Paulo luego que las autoridades endurecieron las condiciones de reclusión en las prisiones.
“Contra la opresión carcelaria”, dicen carteles encontrados entre los restos de autobuses y cajeros automáticos incendiados desde el martes en dos noches de ataques contra civiles y funcionarios de seguridad, entre ellos agentes penitenciarios, con un total de siete muertos.
Las autoridades de Sao Paulo atribuyen los ataques a que tornaron más estrictas las condiciones de reclusión de los cabecillas del Primer Comando de la Capital, PCC, un grupo delictivo que opera desde las superpobladas cárceles de Sao Paulo.
Creado en 1993, el PCC impone su ley entre 140 mil presos de Sao Paulo y en mayo desató un baño de sangre cuando sus líderes fueron trasladados a cárceles de máxima seguridad. En respuesta a los traslados, el PCC coordinó desde el 11 de mayo decenas rebeliones carcelarias simultáneas y ordenó ataques a comisarías que luego se extendieron a blancos civiles, como bancos e instituciones públicas.
Al cabo de una semana que prácticamente paralizó a Sao Paulo, el saldo fue de 170 muertos.